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Relleno Doña Juana: uno de los tantos casos de tratamiento deficiente de residuos sólidos en el país

La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Medio Ambiente, reitera la necesidad de viabilizar alternativas que permitan la protección de los recursos naturales renovables, gestionando los residuos sólidos de forma eficiente y eficaz.

En Colombia se siguen priorizando las acciones basadas en rellenos sanitarios que fueron, en el siglo pasado, soluciones para el tratamiento de residuos sólidos desde la perspectiva de salud pública.
Los nuevos compromisos en materia ambiental exigen el estudio e implementación de buenas prácticas de otros países en la reutilización y disposición de residuos sólidos.

Estas buenas prácticas incluyen la valoración de los desechos, la reducción de su disposición en rellenos y la inclusión de ciclos productivos que permitan el adecuado aprovechamiento de estos residuos.
El aprovechamiento de residuos sólidos en el país existe vía la tarifa de cobros a los suscriptores del servicio de aseo. No obstante, los gestores de estos recursos no están cumpliendo con la finalidad de este cobro y fortalecer el proceso de aprovechamiento productivo de los residuos sólidos.

Bogotá, 10 de octubre de 2020.-Los problemas de operación de varios rellenos sanitarios son una constante en el país. El caso emblemático es el relleno de Doña Juana, en Bogotá, sobre el cual se han producido diversos llamados de atención de la Contraloría General de la República para que el operador implemente mecanismos adecuados de disposición y eliminación de los residuos sólidos.

El año pasado este organismo de control reveló los resultados de una auditoría de desempeño a la política pública para la gestión integral de Residuos Sólidos en Colombia, evaluando desde el ciclo de generación de residuos hasta la disposición final.

Al evaluar la situación de varios rellenos sanitarios, se encontraron problemas en su operación y sostenibilidad y una la mala cuantificación de las tarifas que se trasladan a los usuarios.

En el caso del Relleno Sanitario Doña Juana, se detectaron varias deficiencias y se advirtieron fallas en el control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales que han realizado esta labor en el tiempo.

Así mismo, la Contraloría General de la República señaló lo que ahora es tema de investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación: los impactos significativos del relleno Doña Juana por vertimientos, debido a la ausencia y falta de tratamiento de los lixiviados producidos en el sitio.

Igualmente, se identificaron incertidumbres en el cálculo de los valores de tarifa con la que se ha establecido la operación de este relleno, lo cual, podría generar falta de financiación a las labores necesarias para su adecuado funcionamiento.

Los casos evaluados por la Contraloría sobre sitios de disposición final dan cuenta también de múltiples alertas sobre el deterioro progresivo de las zonas donde se encuentran emplazados los mismos.

Algunas de las principales conclusiones de la auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente sobre gestión de residuos sólidos, que hoy toma actualidad, son las siguientes:

*Existen múltiples deficiencias en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS de los municipios, el instrumento no es operativo y se ha convertido en un requisito por cumplir.

*Con relación al tema de aprovechamiento, el CONPES 3874 de 2016 señala la imperante necesidad de pasar de un modelo lineal de manejo de residuos sólidos a uno circular, que busca que los residuos se conserven dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir así creando valor. Lo cierto es que en Colombia no se están cumpliendo con los mínimos fundamentales para que este proceso se lleve a cabo.

En el país persiste la idea que los rellenos sanitarios son la opción más económica para el manejo y disposición de residuos sólidos dado que no se han internalizado los costos ambientales que acarrea su operación.

*En la evaluación realizada por la Contraloría para los años 2016, 2017 y 2018, se encontró un incumplimiento generalizado por parte de los operadores de los rellenos sanitarios del país, debido a que no se evidenció la adecuada constitución del monto de los recursos económicos que deben destinarse para las actividades de cierre, clausura y posclausura de sitios de disposición final, en cumplimiento de las Resoluciones CRA 351 de 2005 y CRA 720 de 2015.

*Para el momento en que la Contraloría realizó esta auditoría, ninguno de los rellenos sanitarios que operaba entonces en el país evidenció haber efectuado, para las vigencias mencionadas, el valor total de las provisiones que han debido practicar para las actividades de cierre, clausura y posclausura.

En su momento, se llamó la atención sobre el hecho que un porcentaje muy pequeño de los rellenos sanitarios (8.0%) estuvieran practicando las provisiones para las actividades de cierre, clausura y posclausura y que ninguno las practicara en el valor total que les exige la ley.

Tal situación implica un riesgo ya que, una vez terminada la vida útil de estos rellenos sanitarios, deben adelantarse las actividades de cierre, clausura y posclausura, dejando “pasivos ambientales” que impactan el equilibrio ambiental del país y la calidad de vida de las comunidades aledañas a las zonas donde están ubicados.

*Los porcentajes de recuperación de residuos sólidos generados por los hogares colombianos son bajos, pese a existir técnicas para la recuperación de casi la totalidad de los residuos producidos.

*La Contraloría, a través de su delegada para el Medio Ambiente, continuará su labor de control fiscal ambiental y de investigación con el fin de sumar más llamados de atención y contribuciones técnicas que soporten las investigaciones en materia penal ambiental. La actual acción penal al operador del relleno Doña Juana contó con los aportes de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.

Fuente: CGR Comunicaciones (CGR)

La reactivación económica del país, tras la pandemia de coronavirus, pasará cuenta de cobro a los colombianos, según recientes declaraciones del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien reiteró la posibilidad de más impuestos para lograr la estabilidad fiscal.

Según dijo Carrasquilla a el diario El Tiempo, el país necesita reformas fiscales, laborales y pensionales, no solo de cara a la reactivación económica del coletazo de la pandemia de Covid-19, sino también por la falta de haberlas realizado anteriormente.

“El país necesita esas reformas, de eso no hay duda. La deuda que tuvimos que asumir hay que pagarla, y vamos a necesitar más impuestos en el futuro”, aseguró Carrasquilla en diálogo con ese diario.

El ministro aseguró también que es necesario empezar a tramitar esas reformas, debido a que el nivel de endeudamiento no es sostenible sin un nivel de empleo alto y crecimiento económico.

De esta manera, el gobierno estudiaría presentar una reforma tributaria para el próximo año, 2021, que ayude a recaudar mayores impuestos para financiar los 2 puntos del BID que necesita el Presupuesto General de la Nación propuesto para el próximo periodo.

Sin embargo, el ministerio aún espera el informe que deberá entregar en los próximos meses la Misión de Expertos, que le ofrecerá a la cartera fiscal las opciones más viables de cara a la reactivación económica.

Según dijo el ministro Carrasquilla en la entrevista con El Tiempo, estiman un crecimiento de la economía, rebote, en un 5,5 puntos porcentuales, aunque muchos analistas lo han ubicado más bajo de esa cifra.

Crédito: Red Medios Digital

En zona rural del Carmen del Darién, Chocó , asesinaron al líder comunitario Oswaldo Rojas, quien se dedicaba a las labores sociales y agrícolas en la cuenca del río Curvará.

“El era líder comprometido con esa región”, manifestó el alcalde del municipio, Pedro José Mena.

La familia de la víctima trasladó el cuerpo hacia Chigorodó, Antioquia , donde fueron atendidos por el departamento de Policía de Urabá.

Fuente consultada / Por: Redacción BLU Radio /

En Amazonas, Prosperidad Social sigue enfrentando la emergencia y proyecta retomar el ritmo de reducción de pobreza

Durante la crisis por Covid-19 los esfuerzos institucionales se multiplicaron para impedir que los efectos sociales y económicos se sintieran más fuerte en los hogares pobres vinculados a sus programas.

Del 13 al 17 de octubre la entidad organiza la Semana de la Inclusión y la Equidad, para conmemorar el Día internacional para la erradicación de la pobreza y justamente revisar y abordar los retos emergentes.

Leticia, Amazonas. 10 de octubre de 2020. Durante esta pandemia de Covid-19 el trabajo de Prosperidad Social se concentró en multiplicar los esfuerzos para aliviar los efectos agregados de la crisis económica en los hogares vulnerables y ajustar la oferta y las estrategias para retomar el ritmo de superación de pobreza.

En el marco de la Semana de la Inclusión, a propósito poigdel 17 de octubre, Día internacional para la erradicación de la pobreza, la directora de la entidad, Susana Correa Borrero, expuso las principales medidas con las que se evitó que el golpe de la pandemia fuese peor en los hogares pobres y las metas ajustadas para la superación de la emergencia.

Para los dos años siguientes la entidad tiene cinco metas vinculadas a la recuperación. La primera es robustecer y garantizar la participación de 3,4 millones de hogares en los programas de transferencias monetarias condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en Acción. El primero, en rediseño, ajustará la focalización de hogares pobres y pobres extremos para llegar a 2,9 millones de familias. Jóvenes en Acción generará 277.760 nuevos cupos. Una segunda meta fundamental de la entidad hasta 2022 es garantizar la continuidad de las transferencias monetarias no condicionadas a 3 millones de hogares con Ingreso Solidario, a 2 millones con la Devolución de IVA y a 1,7 millones de adultos mayores con Colombia Mayor.

Las otras grandes metas de la entidad responden justamente a otras dimensiones de la pobreza. En cuanto a su trabajo en infraestructura social y productiva y hábitat, en 2022 completará 325.000 mejoramientos de vivienda que ya estaban proyectados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Implica que durante los siguientes dos años atenderá a los 129.500 hogares que tiene pendientes con el programa Casa Digna Vida Digna. En esa misma meta de infraestructura, están proyectadas 587 obras: vías rurales y urbanas, plazas de mercado, centros de acopio y centros de transformación.

Otras dos metas están concentradas en retomar el ritmo de superación de pobreza apuntan a la inclusión laboral y productiva. “Comenzamos a implementar una estrategia innovadora de pago por resultados y esperamos desarrollar tres proyectos de estos hasta 2022. Además, en inclusión productiva la entidad acompañará para capitalización a 118.972 proyectos de Unidades Productivas y de Economía para la Gente”, informó Correa.

Este esfuerzo por responder a lo emergente y a lo estructural generado o agravado por la crisis sanitaria, social y económica de este año, ocupa la agenda de la segunda Semana de la Inclusión y la Equidad, con la que Prosperidad Social conmemora el Día internacional para la erradicación de la pobreza.

“La semana de la inclusión constituye una oportunidad para presentar y promover las actividades concretas que realizamos en Prosperidad Social para erradicar la pobreza y la pobreza extrema en nuestro departamento. Los programas de Familias y Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Colombia Mayor, y los de inclusión productiva, nos permiten generar capacidades en nuestros beneficiarios para que salgan de la vulnerabilidad y logren calidad de vida”, informó por su parte la directora regional, Leidy Johana Neira.

En el departamento, se realizarán actividades como los encuentros estudiantiles para socializar la oferta académica superior, programas radiales en las emisoras de la Policía Nacional y Colombia Estéreo, donde se dará a conocer la estrategia de divulgación del programa Jóvenes en Acción. Además, tendremos una feria de empleo llamada “Cerrando Brechas de Inclusión Laboral”, un encuentro comunitario alternativo de Familias en Acción para la promoción de la inclusión y la equidad, acciones de prevención embarazo adolescente, equidad de género y respeto a la diferencia. Por último, realizaremos una donación a 450 familias del municipio de Leticia.

La agenda y las actividades están publicadas en el enlace / prosperidadsocial.gov.co/semana-de-la-inclusion-por-la-equidad/

Fuente : Prosperidad Social - Email

Buscan a emprendedores culturales para que se inscriban en el MEC 2020

Se trata de uno de los eventos más importantes a nivel nacional en los que podrán potenciar sus ideas de negocio de la mano de reconocidos profesionales.

A Cali vuelve el Movimiento de Empresas Creativas, MEC, un evento que en este 2020 promete volver a sorprender a todos los emprendedores culturales que buscan impulsar sus ideas de negocio.

Para esta oportunidad, el MEC se realizará del 18 al 22 de noviembre donde se espera que cientos de personas puedan recibir capacitaciones de la mano de expertos.

Para esta edición, además de ser un espacio donde los caleños podrán explorar y conocer toda la potencia creativa de su ciudad; los emprendedores de las industrias culturales y creativas encontrarán una plataforma regional para conectarse con nuevas oportunidades de negocio.

CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Por orden de

LA DEFENSORA DE FAMILIA NO. 02 CENTRO ZONAL LETICIA

Doctora MARGARITA ROSA ACOSTA URIBE

CITA Y EMPLAZA

Al Señor JESUS EFRAIN GOMEZ PINTO, Progenitor; familiares y demás personas interesadas, para que en el término de cinco (05) días hábiles se presenten en la Defensoría de Familia No. 03 del Centro Zonal Leticia, ubicado en la carrera 11 No. 3 – 90 barrio San Antonio, con el fin de NOTIFICARLOS del Auto de la Apertura de la Investigación del 07 de octubre del 2020 dictado dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos adelantados a favor de los niños LUANA VALENTINA Y DIXON STEVEN PEREA ROJAS.

De no asistir se entenderá surtida la notificación y la citación,

Artículo 102 código e infancia ya adolescencia y artículo 318 Código de Procedimiento Civil.

Atentamente,

Margarita Rosa Acosta Uribe
Defensora de Familia
Centro Zonal Leticia
ICBF Regional Amazonas

Irregularidades con recursos de regalías:

Contraloría estableció 3 hallazgos fiscales por $6.835 millones en Muelle Fluvial de Pasajeros en Leticia

La obra no quedó en funcionamiento y generó una pérdida de recursos para el municipio.

La Alcaldía de Leticia no amortizó el anticipo que se giró al contratista.
Gravamen al anticipo girado, modificaciones e incrementos en costos y plazos para ejecución de obras, son algunas de las irregularidades encontradas por la Contraloría.

Se evidenció falta de planeación y seguimiento en la interventoría por parte del municipio de Leticia, para la ejecución de un proyecto por más de $13.636 millones con recursos del SGR.

Bogotá, 13 de octubre de 2020.- La Contraloría General de la República estableció varias irregularidades en el fallido proyecto de Construcción del Muelle Fluvial de Pasajeros del Municipio de Leticia (Amazonas) y constituyó 3 hallazgos con presunta incidencia fiscal que ascienden a una suma de más $6.835 millones de pesos.

La obra contratada con recursos de regalías por valor de $13.636 millones, fue objeto de una Actuación Especial de Fiscalización por parte de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías del organismo de control.

Se constituyó un daño al patrimonio del Estado representado en la pérdida de los dineros del Sistema General de Regalías del Municipio de Leticia, producto de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, donde dueron pagados por la Alcaldía recursos a la Unión Temporal FARO, por la ejecución del Contrato de obra No.504 del 8 de diciembre de 2018.

No obstante haberse ejecutado algunos ítems, el Muelle Fluvial de pasajeros de Leticia no quedó en funcionamiento, la obra no cumplió con la finalidad para la cual fue contratada y tampoco con los fines esenciales del Estado, generando una pérdida de recursos para el municipio.

No hubo amortización del anticipo

En primer lugar, se encontró que la Alcaldía de Leticia no amortizó el anticipo que se giró al contratista, generándose una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el valor total girado (aproximadamente $6.300 millones).

Para la Contraloría, en este caso se constituye una disminución o menoscabo a los recursos públicos, sin que se evidencie gestión administrativa oportuna por parte de la entidad territorial, que conlleve a la recuperación y reintegro de los mismos, situación que se presenta por la falta de supervisión e interventoría del contrato.

Gravamen al anticipo girado

Otro hallazgo evidenciado tiene que ver con los Gravámenes a los Movimientos Financieros (GMF).

De acuerdo con el informe de Gestión Mensual de febrero a junio de 2019 de la Fiduciaria, se observa que se hizo retención al gravamen sobre el valor del anticipo, por un total de $10.627.391.

Esto estaría en contra de la Ley 1530 de 2012, que en su Artículo 130 señala que “Los recursos del Sistema General de Regalías y los gastos que realicen las entidades territoriales así como los ejecutores de los proyectos de inversión con cargo a tales recursos, están exentos del gravamen a los movimientos financieros y estos recursos no son constitutivos de renta”.

Por lo anterior, la Contraloría generó una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el valor de la retención realizada por parte de la Fiduciaria.

Modificaciones e incrementos en costos y plazos

Por otra parte, la CGR logró establecer que existen modificaciones e incrementos en el costo y en el plazo para la ejecución de las obras del muelle en la etapa de formulación, con respecto al presupuesto y plazo de ejecución de las obras contempladas en los estudios y diseños suministrados por el Invías.

Esto sin que estén claras y soportadas técnicamente las razones que llevaron al incremento en el presupuesto del Invías por la suma de $8.786 millones, al cual la Alcaldía de Leticia le incluyó unos capítulos nuevos (4 y 5) que aparecen en el presupuesto municipal y corresponden aproximadamente a $1.015 millones.

Este valor sumado a los dos presupuestos anteriores asciende a un total de más de $9.751 millones, que restados al presupuesto de obra presentado por la Alcaldía de Leticia (un poco más de $12.486 millones) señala una diferencia de más de $2.735 millones, que no fueron justificados, ni soportados.

También se evidenció que, dentro del presupuesto presentado por la Alcaldía de Leticia en la etapa de formulación del Proyecto ante el OCAD, se encuentran cambios en costo de los ítems, supresión de los ítems de desmovilización y movilización de maquinaria, de cargue y descargue de la maquinaria y la instalación de campamento (contenedores oficinas).

Igualmente, hay un incremento en la cantidad del ítem de limpieza y pintura de estructuras metálicas: en el presupuesto del diseño suministrado por Invias corresponde a 1260 metros lineales, y en el presupuesto que la Alcaldía presentó para la etapa de formulación ante el OCAD, es de 5868,26 metros lineales, lo que representa una diferencia de 4608,26 metros lineales y de $254.336.313 (según los presupuestos). Esta situación evidencia una falta de planeación.

Respecto a los diseños de las instalaciones eléctricas contempladas en el capítulo 5, no se evidenciaron en la información suministrada, ni los diseños ni los planos que sustenten el presupuesto adjunto.

Otras situaciones detectadas

En cuanto al costo de la interventoría, esta se encuentra en el volumen VII de los estudios y diseños presentados por el Invías, por un valor presupuestado de $755.734.728; y en el presupuesto presentado por la Alcaldía de Leticia, durante la etapa de formulación del proyecto, se encuentra por un valor presupuestado de $ 1.074.019.620, es decir que existe una diferencia en la suma de $318.284.892.

Luego de haber iniciado el proyecto el 5 de diciembre de 2018, y haber transcurrido 4 meses y ocho días, (de acuerdo con el Acta de suspensión No. 1 del 12 de abril de 2019) se suspendío la ejecución del contrato debido a que "en ese momento no era posible trabajar en el sitio de la obra, sumado a la falta de los planos de detalle de algunas áreas del proyecto, lo que impedía realizar la actividad de verificación de cantidades y balance del proyecto”.

Esto quiere decir que se dio inicio a los procesos de selección de contratista y la ejecución de las obras sin tener toda la información técnica requerida para su ejecución y aún después de cuatro meses NO se contaba con todos los planos de diseño que son parte del insumo.

De Igual manera, con respecto a la diferencia topográfica manifestada por el contratista, en cuanto a altimetría y batimetría, que según los involucrados generaría mayores cantidades de obra, no se reporta documentalmente, la corroboración pertinente y obligatoria, que como parte de sus funciones debe realizar la Interventoría, con su propio equipo y personal, y además la supervisión tampoco refiere la debida solicitud.

Fuente: