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#LeticiaAmazonas | El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizabal, visitó este jueves 6 de agosto el Hospital San Rafael de Leticia para verificar los avances en la mejoría de la prestación de servicios, recuperación de cartera, gestión de equipos e hizo llamado a la Asamblea Departamental.

"Quisiera dejarle un mensaje muy claro, a la Asamblea Departamental, necesitamos aprobar los recursos de oferta, el Gobierno ya le asignó al departamento y los planes de intervención colectiva, estas entidades necesitan esos recursos" enfatizó.

Fuente consultada | Yauanecü / Facebook

Alertas de la Contraloría por 4 obras de infraestructura hospitalaria en riesgo, donde se invierten $25.663 millones

Las alertas tienen que ver con los Hospitales de Villa Rica (Cauca), Santa Ana de Muzo (Boyacá), La Samaritana de Bogotá y Regional Norte de Sardinata (Norte de Santander).
Las obras sobre las que la CGR puso la lupa, muestran desfases en su ejecución y han sufrido varias suspensiones y prórrogas.

Bogotá, 28 julio de 2020-. En un ejercicio de seguimiento preventivo, la Contraloría General de la República emitió alertas por la construcción de 2 hospitales en alto riesgo, por valor de $17.354 millones, y por adecuaciones atrasadas de otros dos centros hospitalarios, en este segundo caso por $8.309 millones, para un total de $25.663 millones.

La primera alerta se refiere a la reubicación del Hospital Nivel I de Villa Rica (Cauca) y la segunda al proyecto de construcción de la nueva sede para la ESE Hospital Santa Ana de Muzo (Boyacá).

En cuanto a las adecuaciones que muestran atrasos, tienen que ver con el Hospital La Samaritana, de Bogotá, y el Hospital Regional Norte ubicado en Sardinata (Norte de Santander).

Hospital de Villa Rica (Cauca) y ESE

Hospital Santa Ana de Muzo (Boyacá)

En el caso del Hospital de Villa Rica (Cauca), actualmente el contrato (por valor de $7.138 millones) se encuentra suspendido. Transcurrido un 52% del tiempo del mismo, presenta un desfase del 10% y un avance financiero del 20%.

Este contrato de obra (No. 1934 de 2019) fue suscrito por la Gobernación del Cauca con RL Esdras MD Ingeniería SAS e involucra recursos de regalías.

En lo que respecta a la construcción de la nueva sede de la ESE Hospital Santa Ana de Muzo (Boyacá) (por valor de $10.769 millones), el avance físico ejecutado es del 3% cuando lo planeado era del 5%. Va transcurrido un 51% del contrato y completa más de 60 días entre prórrogas y suspensiones.

La Alcaldía de Muzo contrató para la ejecución de esta obra al Consorcio Miramontes Muzo 2010. El proyecto aúna esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Boyacá, la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia, el municipio de Muzo y el Hospital Santa Ana.
Atrasos en obras de adecuación

Hay también dos alertas por la construcción de adecuaciones de igual número de hospitales en alto riesgo, por valor de $8.309 millones.

Estas alertas se refieren a las adecuacionesdel Hospital Universitario de la Samaritana, en Bogotá (por $1.398 millones), y del Hospital Regional Norte del municipio de Sardinata (Norte de Santander), por $6.911 millones (incluyendo una adición de $534 millones.

Hospital La Samaritana, de Bogotá

La obra de adecuación se encuentra suspendida por el tema del Covid-19, ya que todavía no se han implementado los protocolos de bioseguridad.

Tiene como fecha de terminación el 16 de septiembre de 2020, lo que significa que se ha consumido un 77% del tiempo del total del plazo. Inicialmente se tenía previsto que se terminara el 2 de mayo del presente año.

Presenta un desfase del 73% y completa más de 130 días entre suspensiones y prórrogas.

El objeto de este contrato es el mantenimiento correctivo y adecuaciones de las obras civiles necesarias para la realización de los cambios generales de cubiertas en las áreas asistenciales y administrativas en la ESE Hospital Universitario de La Samaritana, mediante el sistema de contratación de precios unitarios fijos.

El contrato fue suscrito con Enid Pilar Castillo Caicedo.

Hospital Regional Norte, de Sardinata (Norte de Santander)

El avance físico planeado era del 8% y va en la mitad (4%), lo que indica un desfase en este mismo porcentaje.

Va transcurrido un 45% del contrato. Y entre suspensiones y prórrogas completa más de 65 días.

Para adelantar este proyecto, la ESE Hospital Regional Norte contrató al Consorcio IPS Sardinata R/L Pablo Alejandro Chaustre.

El objeto de este contrato es la ejecución del proyecto denominado “Reposición del Modelo Integral de Atención en Salud en los Puntos de Atención Extramural Tibú-IPS Sardinata” (Nivel I)

CGR Comunicaciones (CGR)

#Artesanos de nuestras comunidades trabajaron en una estatua de madera en palo de sangre en honor al abuelo Antonio Bolívar conocido como karamakate en la película #ElAbrazoDeLaSerpiente película del año 2015.

Fuente | Radio Río
Foto vía : Explorando Amazonas

Leticia – Amazonas. – En cumplimiento al plan choque “construyendo seguridad” el Departamento de Policía Amazonas y la Fiscalía Nacional en una ofensiva contra el delito sexual en menores de edad judicializaron a dos agresores sexuales en Amazonas, la cual hace parte de la estrategia de priorización de investigaciones por delitos que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, y los grupos de especial protección, como los pueblos indígenas.

La Policía Nacional en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación en Amazonas, logró la judicialización de dos hombres que, en hechos aislados, habrían vulnerado la integridad sexual de niñas entre los 8 y los 13 años en Puerto Nariño y en Leticia (Amazonas)

CASO DEL PROFESOR REINCIDENTE

A través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se materializó la captura de Jackson Tamayo Carihuasari, docente de una institución educativa en el municipio de Puerto Nariño, quien al parecer abusó sexualmente de 5 estudiantes (una de 8 años, tres de 11 y una de 13 años), entre 2018 y 2019 en la comunidad indígena 12 de Octubre de esa población.

Según lo establecido por una Fiscalía Seccional con base en entrevistas forenses, entrevistas a testigos y valoraciones psicosociales, el profesor presuntamente se valía de su posición de autoridad para someter, de manera reiterada, a las niñas a tocamientos de índole sexual bajo amenazas de que si no accedían a sus pretensiones las haría perder el año escolar.

Tamayo Carihuasari fue capturado este 5 de agosto en Leticia y, por los hechos que denunció el Inspector de Policía con funciones de comisario de familia de Puerto Nariño, el ente acusador le imputó el delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, conducta que habría realizado en por lo menos 5 ocasiones.

Al término de las audiencias concentradas, el Juzgado Primero con función de control de garantías de Leticia le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

CASO DEL ABUELASTRO, PRESUNTO ABUSADOR

La Fiscalía también imputó a otro hombre de 50 años, capturado el 5 de agosto por el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional en Leticia, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Los hechos que se investigan fueron denunciados por la defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de ese municipio, quien indicó que el compañero sentimental de la abuela materna de la niña de 8 años, aparentemente venía abusando de la menor. Se presume que los vejámenes ocurrieron en noviembre de 2019, en la residencia familiar que compartían en la Comunidad Castañal Los Lagos 2, zona rural de la capital amazónica. Allí, el hombre habría accedido carnalmente a la pequeña, después de realizarle tocamientos indebidos en todo su cuerpo.

Por los hechos que le endilgó la Fiscalía, el juez segundo de garantías de Leticia le dictó medida de aseguramiento intramural al investigado. Ninguno de los procesados admitió su responsabilidad.

Policía Nacional. Somos uno, somos todos.

Álvaro Uribe Vélez, mediante sus abogados, pidió que se levante la reserva sumarial en su proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.

La reserva sumarial existe en la legislación colombiana entre otras razones para proteger el principio de presunción de inocencia contemplado en la Constitución”, manifestó el abogado Granados Peña.

La defensa, comandada por el bogado Jaime Granados Peña, aseguró que esta decisión se toma para darle la mayor transparencia a este caso que se convirtió en una batalla de tinte político, que nada tiene que ver con la instancia jurídica.

“Uribe, fiel a su forma de actuar, solicita por intermedio mío, de la manera más respetuosa y comedida se levante la reserva sumarial de todo el proceso que se sigue en su contra, con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general puedan constatar de manera integral la total inocencia de su proceder”, añadió Granados.

Fuente consultada / cablenoticias.tv/

La Superintendencia de Industria y Comercio aplicó una sanción severa a cuatro empresas por ejecutar una "conducta anticompetitiva" con relación a la venta de raciones militares. Además, de diez personas naturales que también participaron en este acuerdo ilegal.

De acuerdo con la SIC, las empresas Industrias Alimentos y Cathering (Catalinsa), la Huerta de Oriente, Iberoamericana de Alimentos y Servicios y a la Productora y Distribuidora de Productos Lácteos y Comestibles (Prolac) incumplieron numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 (colusión en procesos de contratación del Estado).

Según señaló, estas empresas lideraron "los procesos de adquisición de productos de comidas listas y panadería larga vida para la conformación de raciones militares".

Con respecto a las personas naturales la sanción se generó porque infringieron lo establecido en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, al haber ejecutado o tolerado la referida colusión.

Dicho proceso se presentó entre enero de 2011 y marzo de 2018, adelantado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para las compras públicas de la Bolsa Mercantil de Colombia.

Al encontrar un "acuerdo ilegal" en el maniobrar de estas cuatro empresas y las personas naturales, la SIC aplicó una sanción de más de ocho mil millones de pesos por cartelizar dicho proceso en venta de raciones militares.

"Los agentes del mercado sancionados idearon y ejecutaron de manera continuada una dinámica que afectó la libre competencia en dieciocho (18) procesos de adquisición", señaló la Superintendencia de Industria y Comercio.

Entre esos siete años de "conductas anticompetitivas", la SIC encontró que un mismo corredor ante la BMC actuaba por cuenta y representación de más de una de las empresas investigadas.

"Los resultados finales de adjudicación de las ventas por producto coincidían con las distribuciones compartidas entre los participantes de manera previa a las ruedas de negociación, materializándose así el acuerdo", resaltó la Superintendencia de Industria y Comercio en un comunicado, al resumir la dinámica del actuar de las empresas implicadas.

Crédito: Red Medios Digital

Durante la emergencia , desde @ICBFColombia hemos entregado en el #Amazonas 21.012 canastas alimentarias a niños y niñas, madres gestantes y lactantes. Además, a la fecha, hemos realizado 35.175 llamadas de acompañamiento a nuestros beneficiarios y sus familias. #Logros2Años