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ICBF posesionó a su nueva directora para la Regional Amazonas

Bogotá, 11 de abril de 2019. Ante el secretario General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Eduardo González, se posesionó la nueva directora de la Regional Amazonas, Lizzett Margarita Cardona Povea.

La nueva directora del Instituto en la Regional Amazonas es profesional en Nutrición y Dietética de la Universidad del Atlántico. Su experiencia inició como nutricionista en la Caja de Compensación Familiar (CAJACOPI), y se resalta su labor como profesional en Nutrición en la ONG ACF - España, profesional en Misión de la Red Alma Máter y profesional en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

También es especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de la Universidad de la Amazonía.

Fiscalía encontró nuevas operaciones ficticias de oro por 2.4 billones de pesos

Los investigadores de la unidad de lavado de activos de la Fiscalía encontraron un presunto carrusel de proveedores falsos que habrían servido de fachada a la Comercializadora CIJ Gutiérrez para mover grandes cantidades de oro extraído ilegalmente y lavar los activos producto de la exportación del metal.

Según la investigación, en los últimos 10 años, la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez, dedicada a la compra y venta del oro, realizó varias las operaciones ficticias que comprometen activos por 2.4 billones de pesos.

Por los hechos fueron capturados representante legal, el contador y el revisor fiscal de la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez, y otras personas naturales vinculadas al carrusel de proveedores. Todos se exponen a los delitos lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Fuente consultada / Blu Radio, Sylvia Charry

ICBF y Policía se articulan para prevenir trabajo infantil en Leticia, Amazonas

Leticia, 12 de abril de 2019. Con el objetivo de orientar a la comunidad sobre la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, y prevenir vulneraciones derivadas del trabajo infantil durante Semana Santa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en conjunto con la Policía Nacional desarrolla jornadas de sensibilización en Leticia, departamento del Amazonas.

El Equipo Móvil de Protección Integral (EMPI) del ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia del Amazonas, se desplazaron a la plaza de mercado municipal ubicada en un concurrido sector turístico y comercial de la capital del departamento, donde realizaron charlas que buscan prevenir fenómenos de trabajo infantil, mendicidad y otras problemáticas de riesgo que generan vulneración de derechos hacia la niñez.

Gracias a este trabajo conjunto, el ICBF y la Policía Nacional recorrieron un total de 22 puestos comerciales para sensibilizar a cerca de 40 personas sobre su corresponsabilidad en la garantía de derechos de la infancia y la adolescencia y también fue un espacio en el se invitó a la comunidad a denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de un menor de edad.

Este proceso de sensibilización hace parte de una serie de acciones que realiza el Instituto junto a otras instituciones que pertenecen al Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI), que consiste en realizar búsquedas activas en lugares públicos como establecimientos nocturnos, áreas comerciales y lugares turísticos de la región considerados como puntos de mayor riesgo de trabajo infantil.

Cabe destacar, que este tipo de jornadas de sensibilización también se están realizando puerta a puerta en zonas vulnerables con miras a involucrar diferentes actores sociales del departamento.

Comunicaciones Amazonas / ICBF Regional Amazonas

Los operativos fueron realizados en Tarazá, Ayapel y Sogamoso. Por su parte, la Fiscalía descubrió un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro, que hacía transacciones inexistentes con resguardos indígenas y personas fallecidas.

No cesan los esfuerzos para controlar la minería ilegal de oro, actividad que en Colombia mueve al año más de 1.200 millones de dólares y la cual es catalogada como uno de los principales motores de la deforestación.

Tres grandes operativos liderados por las Fuerzas Armadas arrojaron como resultado la captura de 35 personas en Tarazá (Antioquia), Ayapel (Córdoba) y Sogamoso (Boyacá), quienes hacía parte de esta actividad ilegal que desangra los recursos naturales por el uso de mercurio, una de las 10 sustancias químicas que más afectan la salud y la principal responsable del envenenamiento de los ríos, suelo, flora y fauna.

En la vereda de Puerto Antioquia en Tarazá, municipio del Bajo Cauca antioqueño y uno de los sitios más deforestados en el país entre julio y septiembre de 2018, el Ejército Nacional, con apoyo de la Armada, Fuerza Aérea, Policía y Fiscalía General de la Nación, capturó a 12 personas por explotación ilícita de yacimientos mineros, quienes hacían parte de la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo y ayudaban a obtener recursos para las rentas criminales de este grupo armado organizado.

Según el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército Nacional, Édgar Alberto Rodríguez, los trabajos de extracción ilegal, llevados a cabo de lunes a sábado de forma ininterrumpida, generaban ganancias por 225 millones de pesos al mes. Además, la actividad causó serias afectaciones en cerca de seis hectáreas, las cuales ahora requieren de una inversión superior a los 600 millones de pesos para recuperarse.

“En la zona incautamos una retroexcavadora y ocho motobombas, logrando así una reducción del impacto ambiental. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 82 seccional de Cáceres y tendrán que responder por cargos relacionados con el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros. Seguiremos realizando estas acciones para garantizar la integridad de los territorios y sus comunidades en el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba”, indicó Rodríguez.

Por su parte, en la vereda El Jobo de Ayapel, municipio de Córdoba, la Brigada XI del Ejército capturó en flagrancia a 18 personas por realizar minería ilegal de oro y producir daños contra el medio ambiente, actividades que fueron identificadas previamente a través de investigaciones de inteligencia

El tercer operativo fue por minería ilegal de carbón en una vereda de Sogamoso (Boyacá). Las unidades policiales sorprendieron a cinco ciudadanos, entre los 31 y 65 años de edad, realizando un aprovechamiento en varias bocaminas que estaban suspendidas por orden de la Agencia Nacional de Minería.

“Decomisamos dos malacates (maquinaria utilizada en las minas) y cinco toneladas de carbón, elementos avaluados en más de 17 millones de pesos. Este año hemos capturado 35 personas por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero e incautado 240.71 toneladas de carbón en Boavita y Socha en Boyacá”, aseguró la Policía Nacional.

Cadena criminal de oro

Un equipo de contadores, investigadores y analistas de la Fiscalía General de la Nación, descubrió un esquema ficticio para evadir el control del Estado y legalizar en el papel 29 toneladas de oro entre 2009 y 2014. La protagonista del delito es la comercializadora CI Metales, que presuntamente recurría en diversas maniobras para hacerse del oro extraído ilegalmente en diferentes partes del país y ponerlo en el mercado internacional a cambio de millonarios dividendos, que superaron los 1,9 billones de pesos.

Para rastrear a esta cadena criminal, la Fiscalía estableció que el oro ilícito salía de los yacimientos clandestinos en el bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y Chocó, material que era comprado por distintos proveedores. “18 de ellos fueron identificados en los controles tributarios y, en la verificación de la razón social y las direcciones de funcionamiento, constatamos que no existían y serían casas de familia, chatarrerías y, en pocas ocasiones, pequeñas compraventas”La Fiscalía comprobó que la comercializadora CI Metales, además de reportar la adquisición de oro a estos 18 proveedores, registró transacciones por cerca de 20 millones de dólares a un resguardo indígena de Guainía, cuyos integrantes desconocen esos movimientos financieros y las elevadas sumas. “Tanto así que Guainía pasó a ser un departamento productor de oro que aporta el 0,71% del metal sin ser una zona aurífera”.

Las operaciones ficticias de la comercializadora también involucran a personas fallecidas, con quienes CI Metales supuestamente hizo compras de oro por 68 mil dólares. “En el proceso hay evidencia de la presunta participación de proveedores judicializados con anterioridad, que tendrían nexos ilícitos con la comercializadora CI Metales y habrían dado apariencia de legalidad a cerca de 150 millones de dólares”, informó la Fiscalía.

Las 12 personas que estarían involucradas en este esquema delictivo, entre los que figuran los representantes de la comercializadora CI Metales, contadores, revisor fiscal y los proveedores falsos, deberán responder por cargos como lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Llamado de urgencia

“Es hora de que en Colombia, el Banco de la República retome el monopolio de la compra del oro. La minería ilegal se convirtió en un fenómeno criminal desbordado, que constituyó una economía ilegal cuyas rentas superan las del narcotráfico”, señaló el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien advirtió que para las organizaciones criminales resulta más rentable comercializar oro que cocaína, marihuana y otros estupefacientes.

Según la Fiscalía, hoy, un kilo de cocaína en las calles de Estados Unidos tiene un valor de 20 a 25 mil dólares; mientras que un kilo de oro en el mismo país asciende a 42 mil dólares. “Las estructuras económicas ilícitas, como la descubierta en la operación ‘Leyenda del Dorado– Fase I’, exportarían más que el oro producido por el país, a costa de la destrucción del medio ambiente y la afectación al sistema económico colombiano”.

*Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla