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Celebración indiscriminada de convenios se volvió regla general en manejo de recursos de regalías

“Llama la atención la celebración indiscri­minada de convenios, ya sean interadministrativos o con entidades sin ánimo de lucro, sin el cumplimiento de los requisitos para cada caso, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y evidenciando vicios de forma y fondo en la elaboración del presupuesto”.
El estudio de la CGR abarca el período 2012-2019, en el cual 5 departamentos concentraron más del 40% de los recursos de regalías contratados mediante convenios.
Se advierte alta discre­cionalidad en la toma de decisiones en la contratación que realizan los entes territoriales con recursos de regalías a través de la figura de contratación directa, como mecanismo general y no como regla excepcional o de aplicación restrictiva.

Bogotá, 24 de octubre de 2020.- La contratación con recursos de regalías no deja de presentar riesgos: la Contraloría General de la República ha identificado una creciente tendencia a evadir la obligatoriedad de la licitación pública cuando así se requiere, para realizar contrata­ciones directas bajo el amparo de figuras como los “convenios”.

En un estudio que abarca la contratación directa en el Sistema General de Regalías (SGR) desde el 2012 hasta el 15 de junio de 2019, la Contraloría realizó un análisis por departamento con la tipología de “convenio” y encontró que los departamentos del Meta (16%), Córdoba (7.5%), Cesar (7%), Boyacá (6%), Antioquia (5,86%), concentraron el 42.36% de los recursos contratados por esta vía.

En general, se han identificado irregularidades en los tipos de “convenios” utilizados para contratar de ma­nera directa, que han sido facultados de excepcionalmente en el artículo 355 de la Constitución, pero que se valen de la inobservancia de los requisitos legales.

En el universo de las posibilidades de “contratación” a través de convenio, se encontró que el 47% se hacía por convenio interadministrativo, es decir entre dos entidades públi­cas, mientras el 22% se hacía con la tipología de convenio de cooperación.

Decisiones de contratación con alta discrecionalidad

Según la Contraloría, salta a la vista la forma cómo se ha utilizado la figura del “convenio” y la alta discre­cionalidad en la toma de decisiones en la contratación que realizan los entes territoriales con recursos de regalías a través de la figura de contratación directa, como mecanismo general y no como regla excepcional o de aplicación restrictiva.

En materia de contratación no se están observando plenamente los principios de la contratación pública –transparen­cia, economía y responsabilidad, insiste el organismo de control. Y asegura que, por esta y otras razones, los riesgos de corrupción continúan siendo altos.

La Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General ha identificado, según información recogida por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y los Sistemas de Información del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que de $33.9 billones del total contratado a 15 de junio de 2019, se realizaron procesos con la modalidad de contratación directa por cerca de $4.2 billones, es decir cerca del 12% de la contratación total realizada en el Sistema General de Regalías (SGR).

Los sectores de educación (21%), ciencia tecnología e información (19%), transporte (16%), vivienda (14%) y agricultura (10%), lideran esta contratación directa.

Fallas recurrentes

En desarrollo del principio de transparencia y selección objetiva, la Contra­loría General de la República ha formulado un llamado de atención sobre los tipos de “con­tratación” con recursos de regalías que realizan las entidades públicas de manera directa, sin observación de los principios rectores del ordenamiento legal en materia de contrato estatal.

En este caso, en los convenios celebrados entre entidades públicas y privadas, son recurrentes fallas como la ausencia en la planeación, falencias en la estructuración, inexactitudes en el fundamento jurídico, no acreditación de idoneidad del contratista sin ánimo de lucro, intermediación innecesaria o indebida subcontratación.

De las actuaciones especiales realizadas por la Cotraloría General en el proceso auditor del Sistema General de Regalías, llama especialmente la atención la celebración indiscri­minada de convenios ya sean interadministrativos o con entidades sin ánimo de lucro, sin el cumplimiento de los requisitos para cada caso, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y evidenciando vicios de forma y fondo en la elaboración del presupuesto en cada negocio jurídico y, además, confundiendo de manera dolosa las figuras de interpretación y aplicación restrictivas contempladas en el ordenamiento jurídico para consentir la contratación directa.

Intermediación innecesaria

Por otra parte, dentro de los hallazgos de la Contraloría General, se evidencia la utilización la figura de “la intermediación innecesaria”.

Un ejemplo de ello es de la suscripción del Convenio de Cooperación No. 001 de 2012 entre la Gobernación del Casanare y COMFACASANARE, cuyos estudios previos señalaron claramente que no se optaba por un contrato conmutativo, pues la intención era aunar esfuerzos para un propósito de interés general.

Después de firmar tal convenio, COMFACASANARE suscribió el contrato 685 de 2012 con la UT ALIMENTA CASANARE, para el cumplimiento del propósito principal: el suministro de alimentos.

Entre la celebración del convenio 001 de 2012 y la firma del contrato 685 de 2012, se observa una diferencia de $1.200 millones que, según COMFACASANARE, se utilizóì en gastos administrativos y de legalización.

Una cifra menor, pero aún significativa

Como un resultado positivo, se resalta que las entidades ejecutoras de recursos de rega­lías hayan disminuido los valores contratados a través de la modalidad de contratación directa, pasando de $2,1 billones en el 2013 a $0,6 billones en los proyectos aprobados en el 2019. Sin embargo, todavía sigue siendo una cifra importante, si además se suman los valores contratados con entidades sin ánimo de lucro y por cuantía mínima, que su­maron $0,64 billones de pesos para proyectos aprobados en el año 2019.

Vacíos normativos

En Colombia, el Estatuto de Administración de la Contratación Pública establece como un mecanismo de selección la figura de la contratación directa, toda vez que existen obras o servicios que, debido a su complejidad o su cuantía, no ameritan otra forma de escogencia, es decir que la entidad procede sin mayores procedimientos, ni amplias convocatorias, ni abrir concurso para que los interesados pre­senten sus ofertas, o realizar sendas evaluaciones y de ese grupo oferente elegir con quien contratar.

En este tipo de contratación, la selección la adelanta el ordenador del gasto de manera discrecional al considerar cuál es el más idóneo.

Sin embargo, para la Contraloría, la existencia de vacíos normativos, las imprecisiones técnicas para la utilización de la figura del contrato estatal versus el concepto de convenio de la administración y la con­fusión de figuras jurídicas disimiles, han facilitado la práctica de usos irregulares de los modelos de los tipos de convenio que han sido facultados.

El próximo 26 de octubre se llevará a cabo el conversatorio “Formación dual como motor de la reactivación económica”, un espacio dispuesto por el SENA y el BBIB que se enfocará en la apropiación del modelo de formación dual en Colombia.

Con motivo de la extensión del convenio entre el SENA y el Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania (BBIB), se llevará a cabo el conversatorio “Formación dual como motor de la reactivación económica”, un evento organizado por Foros K, que tendrá como objetivo destacar la cooperación entre las instituciones aliadas y facilitar la adopción del modelo de formación dual en Colombia, desde el nivel de política pública e implementación de proyectos con el sector productivo.

El conversatorio que tendrá lugar el próximo 26 de octubre entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m., se enfocará en analizar la implementación del sistema de formación dual en Colombia, principalmente en relación con la reactivación económica. Los interesados en participar de este encuentro digital deberán inscribirse haciendo clic aquí.

El Director General de SENA, Carlos Mario Estrada Molina, será el encargado de moderar el conversatorio que contará con la participación del Dr Friedrich Hubert Esser, Presidente de BIBB, Peter Ptassek, Embajador de Alemania en Colombia, Luis Fernando Pérez, Viceministro de Educación Superior de Colombia y de Andrés Felipe Uribe Medina, Viceministro de Empleo y Pensiones.

El SENA cuenta con una tradición de colaboración y alianza con el BBIB desde el año 2011, cuando se realizó por primera vez el convenio. Por su parte, la Institución alemana tiene como objetivo identificar las tareas y desafíos del futuro en materia de formación profesional, a través de la investigación y capacitación.

En el año 2019, durante las negociaciones intergubernamentales entre Colombia y Alemania en el área de Educación Vocacional, se estableció una hoja de ruta para fortalecer el proceso de adopción del modelo de formación dual en el país. Este año, las dos entidades acuerdan extender el convenio para continuar con los procesos de transferencia de conocimiento.

La aparición del nuevo coronavirus, conocido también como COVID 19, ha paralizado al planeta entero. Por ello, diversas entidades científicas junto al equipo de investigación de diversas universidades en el mundo han iniciado la búsqueda de la vacuna contra este virus.

Universidades de distintas partes del mundo están que luchan contra el tiempo para hallar la vacuna contra el COVID 19. A la cabeza, se encuentra la Universidad de Oxford (Reino Unido), que asociada con la farmacéutica AstraZeneca, ya se encuentran en la fase de pueba humana de su vacuna.

Dicha vacuna fue creada a base de un virus derivado del resfriado común (ChAdOx1) que causa infecciones en los chimpancés y siendo modificado genéticamente con una proteína del coronavirus con el objetivo de forzar a las células inmunitarias del cuerpo a producir anticuerpos específicos.

Otra entidad universitaria que se ha enrolado en el hallazgo de la vacuna es la Universidad de Quuensland (Autsralia) que recién está realizando las primeras pruebas de su vacuna, desarrollada a base de una glicoproteína vírica estabilizada.

Asimismo, cabe señalar que otras universidades de Japón, Canadá, Estados Unidos y China, entre otros países vienen investigando vacunas contra el COVID 19.

El rol de las universidades en la difusión de la información

Las universidades no sólo están centradas en el hallazgo de la vacuna, sino también se encuentran realizando iniciativas de impacto mundial en pro de la información y difusión de esta.
• El área de ingeniería de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) ha creado un mapa interactivo online que permite conocer las cifras de contagiados y víctimas del COVID 19 que hay en cada país. Todos estos datos se actualizan con información brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los ministerios de salud de cada país.
• Otro ejemplo es la Universidad de Costa Rica que, junto a una iniciativa de su gobierno, impulsó la creación de la plataforma llamada Repositorio de Derechos del COVID 19, donde se incluyen los aportes que genera cada país.

Universidades creando métodos de prevención

Respecto a la prevención del coronavirus, la Universidad de Arizona (Estados Unidos) trabajó un proyecto de cara al retorno de su alumnado al campus.

Basándose en la epidemiología de las aguas residuales de ciudades como New York, Los Ángeles y Seattle, crearon una prueba que detecta el virus en la comunidad y que identifica el número de contagiados a razón de 1 hasta por cada 10 mil personas, sea un perfil sintomático o asintomático.

Esta prueba desarrollada por el Centro de Tecnología Sostenible de Agua y Energía (WEST) de la universidad ayudó a detener un brote de coronavirus en su campus.

Participación de las universidades peruanas contra el COVID 19

En Perú, las universidades han venido trabajando junto al apoyo del Estado peruano y de iniciativas de ayuda económica del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología en Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

Esta entidad ha destinado fondos para financiar proyectos en áreas ligadas a la lucha contra el COVID 19, entre las que se encuentran las universidades peruanas que vienen investigando y generando iniciativas en diversos campos de la ciencia y salud.

Por su parte, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que, en alianza con diversas instituciones, direcciones nacionales y universidades privadas, está trabajando en distintos proyectos de desarrollo e investigación.
• Uno de ellos está enfocado en el desarrollo de pruebas moleculares que detecten el COVID 19 de forma más rápida y económica.
• Un segundo proyecto centrado en la obtención de moléculas con potencial farmacológico para el tratamiento o la cura del COVID 19.
• Un último proyecto que trabaja en la implementación de un laboratorio de biología molecular enfocado en la pronta detección del virus.
Además, la UPC ha desarrollado proyectos por investigadores de su Facultad de Ciencias de la Salud, Ingeniería, Comunicaciones, Arquitectura y Ciencias Humanas para encontrar soluciones que generen el bienestar y la seguridad de la población ante esta pandemia.

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Lo que se habla en las redes sociales

#LaLeticianada - A la espera que confirmen la veracidad de los 84 casos confirmados de covid 19 que fueron publicados el día de ayer miercoles ,21 de octubre para el departamento del Amazonas.

Pero que paso Sr gobernador del departamento del Amazonas? Con la obra zona covid 19 del Hospital HSRL.

Redes sociales | Medios digitales de la región | periódico Umari- Munae

Con el objetivo de incentivar a las familias para que el próximo 31 de octubre celebren en su hogar la noche de los disfraces, junto a sus hijos e hijas, la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, lanzó la estrategia Halloween en Familia.
La iniciativa del Gobierno Nacional busca promover actividades en el hogar durante esta celebración para que se incentive la creatividad de niños, niñas y adolescentes, se comparta de manera segura y en familia, evitando los riesgos generados por el COVID-19.

"En Colombia hay 15 millones de niños, niñas y adolescentes que debemos cuidar. Por eso, la celebración de Halloween nos impone mayores medidas de autocuidado, seguridad y disciplina ciudadana", sostuvo Lina Arbeláez, quien destacó que el ICBF en articulación con los Ministerios de Salud, Interior, Comercio Exterior, Cultura así como las Consejerías de Niñez y Adolescencia y de Economía y Transformación Digital, pondrá a disposición de los colombianos, entre el 31 de octubre y el 1º de noviembre, una amplia oferta de actividades gratuitas para realizar en familia.

A través de las plataformas digitales del ICBF: (Twitter @ICBFColombia, Instagram: @icbfcolombiaoficial, Facebook: @ICBFCOLOMBIA y Youtube: ICBF Institucional), las familias podrán acceder a actividades virtuales en el #HalloweenEnFamilia, entre las que se encuentran maquillaje temático para disfraces, recetas para una noche especial en casa, talleres de baile, teatro, actividades para compartir con las mascotas y recorridos guiados por el Teatro Colón.

“La seguridad, bienestar, salud y protección de los niños, niñas y adolescentes es prioridad y responsabilidad de todos. Queremos que sus hogares sean un espacio seguro en el que puedan compartir y disfrutar de este día en compañía de sus familias", sostuvo la Directora del ICBF.

Contraloría tramita 87 procesos de responsabilidad fiscal y 10 indagaciones preliminares por $30.238 millones, por malos manejos de recursos para resguardos indígenas

Amazonas, con 21 procesos, encabeza el listado de mayores investigaciones por departamentos.
En Puerto Gaitán (Meta) se ubican los dos procesos de mayor cuantía (uno por $8.032 millones y otro por $3.924 millones).
Desde el año 2000 hasta 2019, se tramitaron y terminaron 370 investigaciones fiscales por $43.197 millones.
Una de las irregularidades más comunes, como objeto de reproche fiscal, es que los recursos se utilizaron de manera ineficaz e ineficiente, debido a que no fueron destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas.

Bogotá, 21 de octubre de 2020.- La Contraloría General de la República tramita actualmente 87 procesos de responsabilidad fiscal y 10 indagaciones preliminares, por $30.238 millones de pesos, que tienen relación con irregularidades en el manejo de recursos destinados a los Resguardos Indígenas detectadas en los últimos años.

El departamento del Amazonas, con 21 procesos, encabeza el listado de estas investigaciones. Le siguen Nariño (con 15), Guajira (10) y Sucre (8).

El proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía, por $8.032 millones, se adelanta por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, y tiene que ver con obras no realizadas en la Institución Educativa Kuwei, del Resguardo Wacoyo, así como la construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del internado El Tigre, ambas en Puerto Gaitán (Meta).

Le sigue un proceso por $3.924 millones, relacionado con una obra localizada también en Puerto Gaitán: la construcción del internado para el Resguardo Awaliba.

Enseguida están otros 3 procesos:

*Proceso fiscal por $2.319 millones, por irregularidades en la construcción de los sistemas de acueducto de las comunidades indígenas del kilómetro 11 San José, del kilómetro 6 y San Antonio de los Lagos, en Leticia (Amazonas).

*Proceso fiscal por $1.499 millones, por inconsistencias en contrato interadministrativo celebrado con el Cabildo Indígena Kofan de Santiago de Cali, para construcción de plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Ginebra (Valle).

*Proceso fiscal por $1.428 millones, por irregularidades en contrato para la construcción de un sistema de almacenamiento para las comunidades indígenas de Uribia, en La Guajira.

Investigaciones terminadas

Otra cifra importante a destacar es que, desde el año 2000 hasta 2019, se tramitaron y terminaron 370 investigaciones fiscales (135 indagaciones preliminares y 235 procesos de responsabilidad fiscal) por $43.197 millones, por irregularidades alrededor de estos recursos.

Se produjeron 54 fallos de responsabilidad fiscal por cuantía de $4.823 millones y resarcimientos en 19 actuaciones por un monto de $1.022 millones (3 Indagaciones Preliminares y 16 Procesos de Responsabilidad Fiscal).

Buena parte de las investigaciones tienen que ver con irregularidades en convenios interadministrativos y entrega de recursos sin legalizar.

Las irregularidades más comunes objeto de estas investigaciones, son:

*Los recursos se utilizaron de manera ineficaz e ineficiente, debido a que no fueron destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas.

*Irregularidades en órdenes de compra.

*Falta de soportes de los gastos realizados e incumplimiento de convenios que debían beneficiar a los resguardos.

*Incumplimiento de órdenes de servicio.

*Ejecución parcial de proyectos.

*Pagos sin el lleno de los requisitos de ley.

*Compras con sobrecostos.

*Incumplimiento de contratos que tenían por objetos diversos fines orientados a mejorar la calidad de vida de los resguardos.

*Bienes, obras y servicios no recibidos por los resguardos o que no llegan en su totalidad. O irregularidades en su adquisición.

*Irregularidades en la entrega a los beneficiarios directos de los contratos

*Faltantes en la ejecución de recursos.

Fuente: CGR Comunicaciones (CGR)