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CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Por orden de LA DEFENSORA DE FAMILIA NO. 02 CENTRO ZONAL LETICIA Doctora MARGARITA ROSA ACOSTA URIBE

CITA Y EMPLAZA a la Señora DORIS GRACIELA AHUANARI BATISTA, Progenitora; familiares y demás personas interesadas, para que en el término de cinco (05) días hábiles se presenten en la Defensoría de Familia No. 02 del Centro Zonal Leticia, ubicado en la carrera 11 No. 3 – 90 barrio San Antonio, con el fin de NOTIFICARLA del Auto de la Apertura de la Investigación del 14 de octubre del 2020 dictado dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos adelantados a favor de la adolescente ESTER ESTEFANY AHUAIARI BATISTA.

De no asistir se entenderá surtida la notificación y la citación.

Artículo 102 código e infancia ya adolescencia y artículo 318 Código de Procedimiento Civil.

Margarita Rosa Acosta Uribe
Defensora de Familia
Centro Zonal Leticia
ICBF Regional Amazonas
Carrera 11 No. 3-90 Barrio San Antonio

LAS CAPTURAS SE EFECTUARON EN LAS BODEGAS DE CARGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL VÁSQUEZ COBO.

Leticia – Amazonas. – En el marco de la campaña Policía Nacional “Somos Uno, Somos Todos”, personal del Grupo de Guías Caninos, adscritos al Departamento de Policía Amazonas, efectuaron la captura en flagrancia de dos personas, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tipificado en el Articulo 376 del Código Penal.

Los hechos acontecieron cuando el binomio canino efectuaba actividad de registro y control a las bodegas de carga del Aeropuerto Internacional Vásquez Cobo, cuando los uniformados fueron alertados por el canino al dar la señal (sentado) positiva de estupefaciente a la mercancía que llevaba consigo una pareja, inmediatamente proceden a realizar la respectiva revisión, hallando en el interior de una caja de icopor y perfectamente camuflada entre productos cárnicos, (10) diez elementos rectangulares de color rosado, que al ser sometido a reacción química para la identificación de la sustancia, arrojo positivo para estupefaciente tipo marihuana creepy con un peso neto de 9.600 kilogramos.

Los implicados deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes – Articulo 376 C.P., lo cual sanciona con pena privativa de la libertad en centro carcelario.

El Comando del Departamento de Policía Amazonas, invita a la comunidad en general, a denunciar los hechos que afecten la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio.

Policía Nacional. Somos uno, somos todos.

CGR abrió proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones contra director de UNGRD, 3 subdirectores y 35 proveedores

Vinculados como presuntos responsables fiscales el director de la UNGRD, Eduardo José González Angulo, y los subdirectores María Grisela Benítez Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza.
También fueron llamados a responder 35 proveedores a cuyo cargo estuvo el suministro de los kits de alimentos.
Los sobrecostos se dieron en 89 órdenes de proveeduría de la UNGRD, para la entrega de kits de alimentos de asistencia humanitaria a damnificados y afectados por la emergencia sanitaria COVID-19.
Aparte de sobrecostos, se establecieron faltantes en los mercados adquiridos, tanto en cantidad como en gramaje, en productos como fríjol y chocolate.
Hubo productos que no se entregaron y en algunos casos no se cumplió con llevar los mercados puerta a puerta cuando a ello había lugar.
De acuerdo a esto, se pagaron sumas superiores a las que corresponden al suministro efectivamente prestado.

Bogotá, 21 de octubre de 2020.-La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones de pesos contra el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo, 4 subdirectores de la misma entidad y 35 proveedores de kits de alimentos, por sobrecostos, faltantes en cantidad y producto y entregas incompletas de mercados destinados damnificados y afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19.

Según estableció el organismo de control, las irregularidades se dieron en 89 órdenes de proveeduría emitidas por la UNGRD para la entrega de estos kits de alimentos de asistencia humanitaria de emergencia -AHE, conforme a la declaratoria de calamidad pública en varios departamentos del país y en el Distrito Capital.

Se pudo establecer la ocurrencia de sobrecostos, y/o cantidades faltantes (menor gramaje o mililitros en elementos como leche, arroz, pasta, sal, panela, fríjol, lenteja, chocolate y aceite) y/o unidades faltantes de ciertos productos (fríjol y chocolate), y/o kits no entregados.

Otra irregularidad verificada es que en algunos casos no se cumplió con llevar los mercados puerta a puerta cuando a ello había lugar.

Para la CGR, las situaciones mencionadas implican que en desmedro del erario se vienen pagando sumas superiores a las que corresponden al suministro efectivamente prestado.

Vinculados como presuntos responsables fiscales

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR vinculó como presuntos responsables fiscales al director general y subdirectores para el manejo de desastres de la UNGRD que intervinieron en estos hechos y, también, a 35 proveedores a cuyo cargo estuvo el suministro de los kits de alimentos:

*Eduardo José González Angulo, en su calidad de Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

*María Grisela Benítez Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza, en su condición de subdirectores para el Manejo de Desastres de la UNGRD.

*Y 35 proveedores de esta entidad, entre los que figuran empresas como Apoyos y Logísticas SAS, Ardiko A&S Construcciones, Suministros y Servicios SAS, Central Cooperativa Proveeduría Indígena del Cauca – CENCOIC, Corporación Ceres, D&M Distribuidora y Comercializadora SAS, Distrifruver La Carreta y Diver Dotaciones SAS.

Así mismo, fue llamada como tercero civilmente responsable La Previsora S.A., compañía de seguros.

Trámite de denuncias ciudadanas y de congresista

Los actos irregulares que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron puestos en conocimiento de la CGR mediante dos denuncias recibidas por correo electrónico, el 29 de abril pasado, por la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, que solicitó a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) revisar la contratación cuestionada.

La Contraloría Delegada para Infraestructura conoció de estas denuncias y a su vez requirió información a la UNGRD sobre el tema, con el objeto de responder un cuestionario formulado por el Senador Carlos Jiménez López, relacionado con posibles sobrecostos en los mercados adquiridos.

A principios de mayo, la DIARI trasladó la documentación respectiva a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, luego que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con estas irregularidades.

Posteriormente, el pasado 3 de junio se abrió Indagación Preliminar y tras el cierre de la misma se profirió el auto de apertura del este proceso de responsabilidad fiscal.

Entidad afectada

La entidad afectada por el detrimento patrimonial de $16.637.510.403 es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD, fideicomiso estatal constituido como patrimonio autónomo y que es administrado por La Previsora S.A.

Esto porque la ordenación del gasto del Fondo y sus subcuentas está a cargo del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Fuente : CGR Comunicaciones (CGR)

El cierre de las clases presenciales como medida para controlar la propagación del COVID-19 en Colombia, ha generado grandes retos en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, de allí que, según estimaciones del Banco Mundial, el cierre de los colegios pueda resultar en una pérdida de aprendizaje de entre 0.3 y 0.9 años de escolaridad. Buscando mitigar esta situación, el Ministerio de Educación emitió los lineamientos para retomar la vida escolar durante el segundo semestre del año bajo la modalidad de alternancia, donde se ofrecen durante algunos días clases virtuales con profesores y posteriormente se retoman al volver presencialmente al colegio, limitando así el contacto.

Para esto, como primer paso los colegios deberán inscribir ante la Secretaría de Educación sus estrategias y protocolos de bioseguridad. Una vez reciban la aprobación de las autoridades locales y de común acuerdo con las familias, las instituciones educativas podrán entonces decidir el momento oportuno para el inicio de clases en alternancia, con un aforo del 35% entre estudiantes y personal administrativo.

Sin embargo, el regreso de los estudiantes al colegio durante la actual coyuntura por COVID-19 no será tarea sencilla y supone un enorme desafío. Para ello, los protocolos de bioseguridad fijados por cada institución deben ser planificados con las más rigurosas medidas de seguridad, buscando evitar posibles rebrotes de la epidemia y garantizar un ambiente físico y emocionalmente seguro para los estudiantes.

Sobre esto, Rosita Caro, directora del Colegio Hacienda Los Alcaparros, asegura que “la seguridad de la comunidad académica y de los estudiantes debe ser siempre lo más importante, este principio en donde todos cuidamos de todos será la base para que las medidas de higiene sean acogidas y cumplidas durante la modalidad de alternancia. En Los Alcaparros, los estudiantes que asistan presencialmente lo harán durante una semana y a la siguiente se quedarán en casa tomando clases virtuales. A los estudiantes del mismo grado se les dividirá en grupos pequeños, fijos y con los mismos espacios, de esta manera limitaremos el contacto. Estas agrupaciones se mantendrán durante las horas de clase, de recreo y de almuerzo”.

El modelo de alternancia deberá entonces fomentar un ambiente de cuidado y profesionalismo que posibilite y fomente el aprendizaje, de este modo las familias sentirán la tranquilidad suficiente para enviar a sus hijos al colegio. En este sentido, la Academia Americana de Pediatría recomienda un distanciamiento físico que contemple permanecer separados por dos metros, además de separar los escritorios por lo menos a un metro de distancia. Igualmente, se recomienda que los alumnos almuercen preferiblemente al aire libre en lugar de comedores concurridos y dejar las puertas de los salones abiertas.

Por su parte, los colegios deberán establecer estrategias que permitan monitorear y detectar posibles casos de COVID-19. Para esto, el personal médico de los establecimientos educativos y sus profesores jugarán un rol fundamental. De acuerdo con Leonardo Gutiérrez, médico del Colegio Hacienda Los Alcaparros, “durante la reapertura de los colegios, se deberán estudiar los antecedentes de cada estudiante, conocer las situaciones que pueden hacerlos más vulnerables al contagio y así poner en práctica los respectivos cuidados especiales que les evitarán posibles crisis respiratorias. Igualmente, los profesores y padres de familia deberán informar al médico del colegio tan pronto exista un caso con potenciales síntomas de COVID-19, e inmediatamente se debe realizar el seguimiento correspondiente. En caso de haber estado en contacto con alguien contagiado, la persona deberá someterse a un período de 14 días de confinamiento preventivo, en el que se llevará a cabo el respectivo protocolo de trazabilidad para así mantener a toda la comunidad segura”.

Para que la nueva modalidad de alternancia entre educación virtual y presencial funcione de manera efectiva, los colegios deberán poner entonces por encima la protección de los niños, buscando implementar estrategias que permitan reducir el aforo y así evitar la propagación del virus.

Fuente consultada | cablenoticias.tv

CAPTURADO SUJETO POR AGREDIR FÍSICA Y PSICOLÓGICAMENTE A LOS INTEGRANTES DE SU NÚCLEO FAMILIAR

Leticia – Amazonas. – En el marco de la campaña Policía Nacional “Somos Uno Somos Todos”, el Departamento de Policía Amazonas, a través del Grupo de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en coordinación de la Fiscalía 03 Local y la comisaria de familia de familia de Leticia, efectuaron la captura por orden judicial de una persona de sexo masculino de 34 años de edad, por el presunto delito de violencia intrafamiliar.

Los hechos acontecieron en el barrio centro de la ciudad de Leticia - Amazonas, momentos en que esta persona se encontraba realizando diligencias personales en la comisaria de familia de Leticia, cuando fue interceptado por funcionarios de la Policía Nacional, quienes le hicieron saber la orden judicial que había en su contra, efectuando la captura por el delito de violencia intrafamiliar, lo cual está tipificado en el Artículo 229 del Código Penal y sanciona con pena privativa de la libertad de entre (4) cuatro a (8) ocho años de prisión.

Según información de los investigadores del Grupo de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el capturado habría lesionado a sus hijos con elementos contundentes, y a su conyugue le habría ocasionado quemaduras con aceite hirviente en contra de su voluntad.

El Departamento de Policía Amazonas, extiende la invitación a la comunidad en general, a denunciar los hechos ilícitos que afecten la convivencia y tranquilidad de los ciudadanos, y a tener a la mano las líneas de atención inmediata, que pueden marcar gratuitamente desde cualquier teléfono fijo o celular las 24 horas del día, así: Línea 155 orientación a mujeres víctimas de violencia, Línea 122 Fiscalía General de la Nación y Línea de atención y emergencias 123, estos son los canales de comunicación directos para denunciar cualquier acto de violencia de género que se presente en su hogar.

Policía Nacional. Somos Uno, Somos Todos.