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Leticia. En atención al Plan 100 “Territorios Libres de Drogas”, el Departamento de Policía Amazonas, a través del Grupo de Protección al Turismo de la Seccional de Protección y Servicios Especiales en coordinación con los guardianes del turismo realizó acciones de difusión y promoción al patrimonio cultural de la región amazónica.

Con la actividad en conmemoración a los museos, se impactaron a más de 100 personas provenientes de diferentes lugares aledaños a la capital. Por lo que en este día resaltamos el respeto y el sentido de pertenencia hacia los sitios turísticos y monumentos que representan el museo amazónico.

Datos de interés

El objetivo del Día Internacional de los Museos (DIM) es concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. https://icom.museum/es/nuestras-acciones/eventos/dia-internacional-de-lo...

El Departamento de Policía Amazonas, exalta la cultura de la región tripartita e invita a la comunidad en general a seguir trabajando por un futuro mejor basado en las artes. Ante cualquier hecho delictivo en contra del patrimonio cultural la línea 123 de emergencia estará dispuesta a responder al llamado.

#YoProtejoMiPaís

Jesús Galdino Cedeño es investigado por la Fiscalía por un convenio que suscribió en plena pandemia relacionado con la alimentación escolar y que, según el ente investigador, no era necesario adelantar, ya que existía un convenio previo para ese mismo fin. Su abogado dice que el gobernador siempre ha actuado en el marco de la ley.

La Fiscalía acaba de radicar el escrito de acusación en contra del actual gobernador de Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, investigado desde 2020 por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por un convenio firmado en plena contingencia del COVID-19. El Espectador conoció el documento de 37 páginas que fue radicado el pasado 14 de mayo de 2021 por el fiscal Julio Ospino ante la Secretaría de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, en donde se adelantará su juicio. Este diario también conoció que el 7 de abril pasado, de manera virtual, la Fiscalía le imputó cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero Galdino no los aceptó y el ente investigador no solicitó prisión preventiva en su contra mientras su proceso avanza.

Galdino, médico de profesión, fue elegido en 2019 con más de 11.000 votos, como parte de una alianza política entre el Centro Democrático y el Partido Conservador. Además, dobló la votación del candidato del Partido Liberal que quedó en segundo lugar. Para entender el expediente contra el gobernador hay que remontarse a mayo de 2020, en pleno confinamiento nacional decretado por el Gobierno para evitar la propagación de este tipo de coronavirus, cuando Galdino apenas llevaba tres meses en el cargo. En ese momento, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría pusieron sus ojos sobre cientos de contratos celebrados por gobernaciones y alcaldías para apoyar a los sectores sociales más vulnerables y afectados económicamente por la pandemia en la actividad comercial.

Las autoridades recibieron denuncias sobre irregularidades en esos convenios, entre ellos uno suscrito por el gobernador Galdino el 6 de abril de 2020, que tenía como fin “el suministro de alimentos para el programa PAE en el marco de la emergencia económica, social y ecológica del COVID-19” por un valor de $429 millones. Según la Fiscalía, su trámite y celebración violaron principios de la contratación estatal “como la transparencia, economía y responsabilidad”, entre otros. El ente investigador dice que Galdino suspendió, a finales de abril de 2020, un contrato de esa misma naturaleza suscrito en diciembre de 2019 por la gobernación anterior por más de $4.000 millones y que se iba ejecutar durante el año escolar de 2020.

En el documento conocido por este diario el ente investigador dice que esa suspensión no tuvo el aval del contratista y que, hacia finales de marzo, cuando el gobierno de Iván Duque y la Organización Mundial de la Salud decretaron la emergencia sanitaria, el gobernador declaró la urgencia manifiesta, escenario que les permitió a él y otros gobernadores adelantar procesos de contratación directa relacionados con acciones para mitigar la crisis sanitaria del coronavirus. Lo que le reprocha el ente investigador es que se “desconociera sin justificación” la existencia de un contrato previo para alimentar a los menores de edad del departamento durante 2020 y no llegar a un acuerdo con el contratista que había ganado ese convenio.

Fuente consultada / elespectador.com/

Renuncia Miguel Ceballos en medio de crisis

El funcionario dijo, en una entrevista, que se iba del gabinete de Iván Duque incómodo por unas gestiones que hizo Álvaro Uribe con el ELN sin su consentimiento.

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, informó este sábado (22.05.2021) que el pasado 3 de mayo presentó su renuncia al presidente Iván Duque, quien recientemente agregó a sus funciones la mediación entre el Gobierno y el Comité de Paro Nacional que promueve las protestas en su contra.

"Deseo manifestarle que por razones de carácter personal, siguiendo los llamados de mi conciencia y en cumplimiento de las responsabilidades que mi alma han elegido, renuncio irrevocablemente a mi cargo como Alto Comisionado para la Paz, a partir del día 26 de mayo", se lee en la carta enviada a Duque.

Aunque alega motivos personales, la renuncia del alto comisionado ocurre en medio de la mayor crisis que ha tenido que enfrentar el Gobierno debido a las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril en contra de la política social y económica de la Administración Duque. El presidente, por su parte, no ha confirmado si la renuncia de Ceballos fue aceptada o no.

Fuente consultada DW

En una misión de traslado aeromédico un menor de quince meses de edad fue transportado por su Fuerza Aérea Colombiana desde el área no municipalizada Tarapacá hasta Leticia, Amazonas, con el objetivo de recibir una atención médica de mayor nivel en la ciudad, debido a que el paciente lo requería.

Para realizar la evacuación se dispuso de una aeronave tipo Caravan C-208 del Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA), en la cual fue transportado el menor en compañía de sus padres, en vista de que el niño habría sufrido quemaduras de segundo grado con una extensión del 25% de su cuerpo en un accidente doméstico.

Gracias a la coordinación previa entre el Hospital San Rafael de Leticia y el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP) de la FAC, se logró realizar la misión debidamente, donde las tripulaciones con médicos militares durante el vuelo monitorearon el estado de salud del niño, garantizando las condiciones estables para su posterior remisión al hospital.

De este modo su Fuerza Aérea Colombiana, continuará realizando traslados aéreos medicalizados, con el propósito de asistir a quien lo requiera a lo largo y ancho del país, en especial en el departamento del Amazonas, protegiendo de este modo a los colombianos.

Con este resultado, se evitó el ingreso de más de 127 millones de dólares mensuales a las disidencias de las Farc.

En desarrollo de operaciones militares conjuntas y coordinadas, unidades de la Armada de Colombia, de manera conjunta con el Ejército Nacional y coordinada con la Policía Nacional, lograron la ubicación y posterior destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína al mes, en el departamento del Putumayo.

Gracias a la información suministrada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, se localizó una infraestructura, al parecer perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual estructura 48 denominado “Comandos de la Frontera”, utilizada para procesar más de 4 000 kilogramos de cocaína al mes, en la vereda San Luis, del municipio de Puerto Asís - Putumayo.

Al interior de la infraestructura fueron hallados materiales e insumos entre los que se encontraron 1 515 kilogramos de clorhidrato de cocaína en solución, 1 763 galones de insumos líquidos, distribuidos en 382 galones de ACPM, 60 galones de ácido clorhídrico, 1 321 galones de acetona y 50 kilogramos de insumos sólidos (hidróxido de sodio), un tanque que sirve para procesar el alcaloide conocido como marciano con capacidad para 5 000 litros, tres motobombas, un horno artesanal y cinco grameras.

El alcaloide procesado en este laboratorio era transportado por este Grupo Armado Organizado Residual utilizando los ríos Putumayo y Caquetá, como corredores de movilidad que permiten la comunicación con áreas de frontera hacia Brasil, desde donde vía aérea o marítima trafican los alcaloides hacia Europa y África.

El laboratorio y el material hallado fueron destruidos de forma controlada en el lugar de los hechos, evitando que ingresara mensualmente a este GAO residual más de 127 millones de dólares.

La Fuerza Pública mantiene la ofensiva contra los Grupos Armados Organizados Residuales que delinquen en el suroriente del país, e intensificarán los esfuerzos conjuntos, coordinados e interinstitucionales para continuar afectando el narcotráfico, principal fuente de financiamiento de los delincuentes en la región.