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FRONTERA COLOMBO-PERUANA – Un grave incidente armado ocurrido la noche del domingo 12 de abril ha dejado un saldo trágico y una fuerte tensión diplomática en la zona fronteriza. Una embarcación de carga colombiana fue blanco de disparos efectuados presuntamente por unidades de la Marina de Guerra del Perú, en cercanías a la población de El Estrecho.

Los Hechos
La embarcación RR San José, que cubría la ruta Puerto Asís – Leticia transportando carga seca, fue interceptada en medio de la oscuridad por dos unidades fluviales peruanas (conocidas como "pirañas"). Según relatos de testigos y navegantes, el incidente se habría originado por una fatídica confusión:

Una de las unidades peruanas habría realizado disparos al aire como señal de advertencia.

La segunda unidad, ubicada a distancia, interpretó erróneamente que estaba bajo ataque y respondió abriendo fuego directamente contra la embarcación civil colombiana.

Saldo de la Agresión
El ataque segó la vida del reconocido empresario fluvial José Miguel Gutiérrez, de 80 años, propietario y piloto de la nave. Su hijo, Miguel Gutiérrez, resultó gravemente herido y se encuentra bajo atención médica.

Se reporta un tercer tripulante impactado por proyectiles.

Otros dos miembros de la tripulación habrían sido detenidos por las autoridades peruanas tras el incidente.

Clamor por Justicia
Pese a la magnitud del evento, hasta la mañana de este lunes las autoridades del Perú no han emitido un pronunciamiento oficial detallado. Gremios de navegantes y comunidades del Amazonas han denunciado que este no es un hecho aislado, señalando antecedentes de presuntos maltratos en operativos previos.

Las comunidades fluviales de ambos países exigen una investigación binacional exhaustiva que aclare las responsabilidades penales y administrativas, con el fin de evitar que el uso desproporcionado de la fuerza se repita en estas rutas vitales para el abastecimiento de Leticia.

Exalcalde de Leticia, José Araujo Nieto, acepta responsabilidad en corrupción por contrato de $12.600 millones
LETICIA, AMAZONAS – En un giro determinante para el proceso judicial que enfrenta, el exalcalde de Leticia, José Araujo Nieto, aceptó ante la justicia haber direccionado un millonario contrato en 2018 destinado a la construcción de un muelle fluvial en la capital del Amazonas.

El contrato en cuestión, cuyo valor ascendió a los $12.600 millones de pesos, es el eje central de la investigación por la cual un juez dictó sentencia condenatoria en primera instancia. Con la aceptación de los hechos, Araujo Nieto reconoce su participación en las irregularidades que afectaron los recursos públicos de la ciudad.

Claves de la aceptación de cargos:
El Reconocimiento: El exmandatario admitió haber intervenido de manera ilícita en el proceso de contratación para favorecer a terceros, vulnerando los principios de transparencia estatal.

Cifra del Desfalco: La investigación se centra en el manejo de los $12.600 millones de pesos destinados a una infraestructura que es vital para la logística y el comercio en la triple frontera.

Situación Jurídica: Tras la aceptación de su responsabilidad y el fallo de primera instancia, la defensa podría buscar beneficios en la dosificación de la pena, aunque el fallo definitivo aún está sujeto a las etapas de apelación correspondientes.

Este caso representa uno de los golpes más significativos contra la corrupción administrativa en el departamento del Amazonas, dada la magnitud del presupuesto comprometido y la jerarquía del cargo del implicado.

Crisis de salud en el Amazonas: Nueva EPS ignoraría fallos judiciales mientras siete pacientes esperan remisión urgente
LETICIA, AMAZONAS – Una grave situación de presunta negligencia administrativa mantiene en vilo a siete familias en el departamento del Amazonas. Según denuncias públicas, los pacientes requieren traslados inmediatos a centros hospitalarios de mayor complejidad debido a la gravedad de sus cuadros clínicos, los cuales podrían complicarse irreversiblemente con el paso de las horas.

La denuncia, que ha tomado fuerza a través de testimonios ciudadanos, apunta directamente a funcionarios de la Nueva EPS en la región. Familiares de los afectados aseguran que la entidad no solo ha dilatado los procesos de remisión, sino que presuntamente estaría desacatando órdenes judiciales. Según las declaraciones, el personal administrativo habría mostrado una actitud indolente, llegando incluso a mofarse de las acciones legales interpuestas para garantizar el derecho fundamental a la salud.

Puntos críticos de la denuncia:
Riesgo Vital: Siete personas permanecen a la espera de un cupo en hospitales de tercer o cuarto nivel fuera del departamento.

Desacato Judicial: Existen fallos de tutela que ordenan la atención inmediata, los cuales, según los denunciantes, están siendo ignorados por la EPS.

Clamor Ciudadano: La comunidad exige la intervención de la Superintendencia de Salud y de los entes de control para que se tomen acciones concretas antes de que se presenten desenlaces fatales.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Nueva EPS respecto a estas acusaciones de maltrato y obstrucción a la justicia.

Fuente consultada : Entre Líneas Amazonas (Facebook)