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·𝐅𝐈𝐒𝐂𝐀𝐋𝐈́𝐀 𝐏𝐈𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐎 𝐈𝐍𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐓𝐎 • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐑𝐨𝐬𝐚

La Fiscalía Provincial de Mariscal Ramón Castilla solicitó el inicio de un proceso inmediato contra los ciudadanos colombianos Carlos Fernando Sánchez Ortegón y John Willinton Amía López, quienes permanecen detenidos en la localidad fronteriza de Caballococha.
La disposición fue planteada luego de culminarse la investigación preliminar de siete días, en la cual se recogieron testimonios, documentos y otros indicios relacionados con las actividades que ambos extranjeros desarrollaban en la zona.
El fiscal provincial Juan Alberto Basilio Atencio aseguró que existen suficientes elementos de convicción para formular la acusación y avanzar hacia la siguiente etapa judicial. “Se busca garantizar la celeridad procesal y que el caso no quede en la impunidad”, señaló.
De acuerdo con el requerimiento, el juez deberá convocar a una audiencia en un plazo máximo de 48 horas, donde se definirá la situación jurídica de los investigados.
El proceso inmediato en el Perú
El proceso inmediato es una herramienta legal contemplada en el Código Procesal Penal que permite acelerar los casos en los que la flagrancia o las pruebas son evidentes, evitando que se prolonguen innecesariamente las investigaciones. Su aplicación procede, entre otros supuestos, cuando los acusados han sido detenidos en flagrante delito, han confesado los hechos o existen pruebas contundentes que acreditan la presunta comisión del ilícito.
En la práctica, este mecanismo busca reducir la sobrecarga procesal en los juzgados y garantizar que los delitos no queden impunes por dilaciones o vacíos legales.
Expectativa en la frontera
El caso ha despertado la atención en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, debido a que la presencia y las actividades de los ciudadanos colombianos en territorio peruano aún generan interrogantes que las autoridades deberán esclarecer. La audiencia será clave para determinar si los investigados afrontarán un proceso bajo detención preventiva o alguna otra medida restrictiva de su libertad.

(C. Ampuero) https://diariolaregion.com

As lideranças indígenas do povo Mayuruna, do rio Pardo, na Terra Indígena Vale do Javari, deram início, neste ano, à primeira pesca manejada de pirarucu, fruto de um projeto iniciado em 2023. O trabalho foi estruturado a partir do mapeamento dos lagos da região e da contagem dos peixes, seguindo rigorosamente as orientações e a autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A atividade conta com o apoio da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), e da Prefeitura de Atalaia do Norte. Apesar disso, as lideranças destacam que toda a logística da pesca, como a compra de combustível, vem sendo custeada pelos próprios indígenas.

Segundo os representantes Mayuruna, o manejo envolve diretamente homens, mulheres e crianças, numa estratégia de transmissão de saberes às novas gerações. “Queremos que nossos filhos aprendam desde cedo a importância desse trabalho para garantir a continuidade e a preservação no futuro”, afirmam.

Participam da iniciativa as aldeias Nova Esperança, Terrinha e Menanpi, que se uniram no fortalecimento da organização comunitária e na defesa do território e da floresta.

*Com informações de Cesar Mayuruna

Por: Nailson Tenazor/Jambo Verde

Fonte consultada jamboverde

Un Juzgado Penal del Circuito de Leticia dictó una sentencia condenatoria en el caso de varios imputados vinculados a delitos de corrupción. Entre los condenados figuran Aliirio de Jesús Vasquez y Gérardo García Carihuasa, además de otros tres coacusados, a quienes se les impuso una pena principal de 68 meses de prisión y multas asociadas. Se impuso, asimismo, una pena accesoria de inhabilidad para ejercer cargos públicos por 80 meses. Se negó el traslado a la Comunidad y la prisión domiciliaria, ordenándose el cumplimiento íntegro de la pena. La ejecución de la sentencia quedó provisionalmente suspendida hasta que el Tribunal Superior de Cundinamarca resuelva el recurso de apelación presentado por las defensas.