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Tras varios meses de trabas jurídicas, presiones a contratistas, acusaciones sin fundamentos y denuncias entre las partes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la estocada final al proceso de revocatoria contra el mandato del alcalde Daniel Quintero, en una decisión que ya se veía venir.

Con siete votos a favor y dos salvamentos de voto, los magistrados avalaron la ponencia de su colega César Abreo de no certificar los estados contables de la recolección de las firmas y de formular cargos a seis integrantes del comité revocador. Con ello quedó lejos la posibilidad de que los ciudadanos sean convocados a las urnas antes del 30 de junio de este año.

La ponencia de Abreo fue apoyada por siete de los magistrados, incluido Renato Contreras, del Centro Democrático, que la semana pasada pidió revisar los 2.000 folios del expediente para verificar si las pruebas allegadas al proceso estaban ajustadas al sentido de la ponencia de Abreo. Quienes sí salvaron su voto fueron los magistrados Hernán Penagos Giraldo, del Partido de la U, y Pedro Felipe Gutiérrez, del CD.

Sobre los cargos contra los promotores, el CNE estableció que el primero de ellos tiene que ver con el hecho de que “no figuran en los estados contables la totalidad de los aportes en dinero o en especie” que hicieron personas naturales o jurídicas a la campaña de recolección de firmas.

Este punto es particular porque estaría relacionado con el alquiler de sillas, carpas y mesas que no habrían sido reportados como gastos de campaña, aun cuando los líderes revocadores aseguraron que todo se presentó ante el CNE como se exige en la ley. Incluso, que se cuantificó el valor de lo que se consideraron donaciones en especie y se reportaron en el informe contable.

Fuente consultada https://www.elcolombiano.com/

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Empresarios, preocupados por legitimidad y seguridad de las elecciones

A través de un comunicado de prensa, empresarios y profesionales vinculados al servicio público y a la docencia, manifestaron su preocupación por las próximas elecciones presidenciales.

(Lea: Acogen demanda para nulidad de la campaña de Ingrid Betancourt).

través de un comunicado de prensa, empresarios y profesionales vinculados al servicio público y a la docencia, manifestaron su preocupación por las próximas elecciones presidenciales.

En la misiva, los firmantes exponen que actualmente el país se enfrenta a un panorama de duda por la transparencia de las autoridades electorales, la neutralidad del
gobierno o la limpieza del juego entre los diferentes contendores. Lo cual, según ellos, deriva en inestabilidad institucional y en posibles trastornos sociales.

A su vez, reconocen que la contienda electoral tiene diferentes problemas. En principio, por las fallas durante el escrutinio que "terminarán en litigios que tomarán años sin resolverse".

Por otra parte, el deterioro de la confianza en el Registrador, Alexander Vega, la cual no se ha resuelto. También, las constantes acusaciones de intervención en la política electoral por parte de altos funcionarios del Estado.

Junto a ello, el involucramiento de figuras militares ante discusiones de aspirantes a la presidencia. Por último, las manifestaciones de racismo contra algunos candidatos.

Ante esta situación, los firmantes proponen que para superar la desconfianza en la Registraduría se debe sustituir al Registrador o vigilar sus acciones por parte de organizaciones partidistas como el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría.

"En cualquier caso, hay que evitar vacíos institucionales y dilaciones en la
organización de los próximos comicios", puntualizan.

(Además: Polémica por cruce de declaraciones entre general del Ejército y Petro).

Asimismo, instan a que el Gobierno mantenga la neutralidad y a la Procuraduría a tomar medidas para evitar conductas inapropiadas. Junto a ello, el respeto por todos los aspirantes mediante la desautorización de los candidatos a todos los seguidores que violen esta prioridad.

Fuente consultada PORTAFOLIO