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Mon, 11/30/2020 - 09:31

Comunicado a la opinión pública

Comunicado a la opinión pública

Al referirse a la información divulgada en la medios de comunicación sobre los resultados de un informe elaborado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General sobre presuntas entregas de canastas nutricionales por parte de algunos operadores a usuarios fallecidos, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, sostuvo que desde el primer momento en que se flexibilizaron los servicios a raíz de la pandemia, el instituto le solicitó acompañamiento al organismo de control.
De igual manera, señaló que el ICBF no ha recibido oficialmente el informe de la Contraloría General a quien de manera particular solicitó apoyo en el proceso de supervisión y verificación a los operadores de primera infancia que están encargados de llevar las canastas nutricionales a las familias beneficiarias.

"Desde el primer día el ICBF puso a disposición de la Contraloría todas las bases de datos de los usuarios y la información pertinente para que nos acompañaran en este proceso y de esta manera blindar las entregas a nuestros beneficiarios", recalcó la Directora del ICBF.

Además, dijo que desde el ICBF se ha venido trabajando en la creación de herramientas para evitar que los operadores se lucren de los recuersos destinados a la niñez como la aplicación BienestarApp y Betto, los cuales son vehículos de transparencia para que la contratación que adelanta el instituto, orientada a la atención de los niños de Colombia se cimente en la trazabilidad y escrutinio integral de los recursos.

"Betto incorpora la inteligencia artificial, la capacidad de utilizar algoritmos de control en las plataformas de ciberseguridad, para darles todas las certezas a los procesos de contratación administrativa”, señaló la Directora del ICBF.

De igual forma, advirtió que al interior de la institución se adelantarán todas las investigaciones de carácter administrativo que permitan establecer las responsabilidades de los contratistas, para que estas trasciendan al ámbito penal.

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