Tras realizar un estudio sectorial, la Contraloría General de la República (CGR) identificó que se han interpuesto 105 demandas por un valor de 206.463,28 millones de pesos contra entidades del Estado por hechos relacionados con la desprotección a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en el país.

“Se requiere una verdadera política de estado para proteger la vida de los líderes sociales amenazados. Son múltiples los factores que inciden en la continúa vulneración del derecho a la vida e integridad de la población amenazada por parte de organizaciones ilegales. Los atentados contra líderes y activistas sociales no solo truncan sus vidas sino que afectan de manera grave los intereses patrimoniales del Estado”, manifestó Edgardo Maya Villazón, Contralor General de la República.

Fuente /elcolombiano.com