Mitos y las verdades de la Ley TIC
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El proyecto de Ley de Modernización de las TIC promovido por el Gobierno Nacional tiene como principal objetivo conectar a los 20 millones de colombianos que hoy no cuentan con Internet, garantizar fondos para la televisión y radio pública, dejar a Colombia a la vanguardia en regulación, entre otros aspectos. Sin embargo, han surgido varias dudas frente a la iniciativa.
Crédito: Kienyke.com
El Gobierno Nacional solicitó ‘trámite de urgencia’ bajo el argumento de que “este proyecto de Ley es vital para optimizar la estructura institucional sectorial, la generación de incentivos para la inversión y la competencia en el mercado, en búsqueda de la maximización del bienestar social y teniendo como objetivo fundamental generar las condiciones para conectar a todos los colombianos”.
En las próximos días se dará este debate en el Congreso y de esta manera se fijará un nuevo rumbo al sector de las telecomunicaciones del país.
Un único regulador para las comunicaciones, los fondos para la televisión y radio pública, su independencia y la asignación del espectro (autopista de información) son algunos de los principales temas que generan interrogantes en los colombianos, ¿pero qué dice realmente el proyecto?
Un único regulador
El proyecto de ley asegura que el objetivo en este sentido es el desimplificar y modernizar el marco regulatorio e institucional del sector. Cabe mencionar que la última reforma profunda fue en el año 2012 mediante la ley 1507. Según el Ministerio de las TIC, el sector ha dado claras y preocupantes señales de desaceleración y contracción en los últimos años: “La inversión privada se ha disminuido en un 33 % en los últimos 5 años”.
Según la cartera, “el rezago normativo dificulta el financiamiento y el despliegue de la infraestructura que necesita el país”. Para solucionar esto, el proyecto de ley propone que se cree un único regulador de mercados, autónomo e independiente del Gobierno, que en este caso sería la Comisión de Regulación de Comunicaciones y se liquidaría la Autoridad Nacional de Televisión (Antv).
Este regulador “no será sometido a control jerárquico ni de tutela y con un mecanismo de designación que garantiza la alternancia de los comisionados respecto del periodo de Gobierno (artículos 15 y 17). Además, propone que se unifiquen las funciones de vigilancia y control en el MinTIC, salvo lo relacionado con el pluralismo informativo que se asigna a la CRC como órgano independiente del ejecutivo (artículos 14 y 19)”.
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En entrevista con KienyKe.com, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, explicó que la realidad es que hoy en día la televisión y las comunicaciones que antes eran dos sectores separados son un único sector: “Actualmente se tiene a la Antv y la CRC, esta división artificial tenía todo el sentido hace 10 o 15 años pero hoy lo único que genera es una incertidumbre para los actores del sector”.
Es decir: “Por ejemplo, usted como generador de contenido sabe que al realizar una transmisión, lo puede hacer por televisión, pero también por los teléfonos, pero para los actores en el sector es exactamente lo mismo. Sin embargo, dependiendo de para dónde va el contenido tienen reguladores distintos, contraprestaciones distintas y condiciones diferentes. Pero para los generadores de contenido es el mismo sector, esta es la incertidumbre jurídica de hoy día”, explicó Constaín.
Indicó que desde 2014 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pidió que se hiciera este cambio pero es 2019 y aún no se han hecho cambios, “el sector cambió y estamos dando certidumbre jurídica”, declaró.
¿El proyecto habla de censura?
En entrevista con KienyKe.com, Víctor Manuel Muñoz, alto consejero presidencial para la Transformación Digital, aseguró que este es uno de los principales mitos durante la discusión de esta ley: “Esa afirmación no tiene ningún asidero en ninguna parte, es cuestión de leerse la ley, esto es un modelo de fake news en el que se han hablado artículos que no existen”.
Por su parte la ministra Constaín indicó: “No hay censura hoy y no la va a haber con el proyecto, el derecho de libertad de expresión está en la Constitución, ningún proyecto de ley puede afectar esos derechos que tenemos, ese ha sido uno de los que yo llamaría mito o noticia falsa que ha habido alrededor del proyecto de ley y yo le digo mucho a la gente, los invito a leer el proyecto de ley, no coman entero, no se crean lo que la gente está diciendo, ni bueno, ni malo, miremos lo que está diciendo”.
Lo que propone la ley en el artículo 21 y 30 es que se debe garantizar la libertad y el pluralismo informativo y ratifica la autonomía de los canales regionales en la generación de sus contenidos y programación de su parrilla a la hora de determinar a dónde y cómo asignan y ejecutan sus recursos, y la independencia de los contenidos de la TV pública.
La ministra de las TIC agregó que no se generan nuevas competencias con el regulador único: “Se cogen competencias que hay en dos reguladores que hoy existen y se unen. No se genera ninguna nueva posibilidad de censura, no la había antes y no la va a haber ahora. Lo que sí habrá es que más millones de colombianos se puedan comunicar mucho mejor, eso es lo que todos queremos”.
¿Se acabará la televisión y radio pública?
La ministra de las TIC explicó a este medio que actualmente la TV y radio pública se financian de recursos, “descendientes y variables, estos dependen de la cantidad de personas suscritas a cable y la publicidad que hay en televisión abierta, es decir, en los principales canales. Estos dos elementos tienen la tendencia a bajarse, cada vez menos personas están inscritas por cable y cada vez más hay publicidad en las pantallas de celular”.
Según ella, al reconocer que son un solo sector, no solo van a tener los recursos tradicionales, sino que tendrán una fuente mucho más grande que son los recursos que vienen del sector de las comunicaciones: “Vamos a garantizarle a la televisión pública unos recursos, el máximo que hayan recibido en los últimos cuatro años será el mínimo que se les entregue”.
¿Cómo funcionará la asignación de estos recursos?
La ministra explicó: “Los canales y radio públicas revisarán cuántos han sido los fondos de la ANTV en los últimos años, y elige el que más recursos ha tenido y ese será el mínimo que van recibir de aquí en adelante, más el IPC de cada año, es decir, los canales regionales tienen unos recursos garantizados que ya no dependen de unas fuentes que son variables sino que son de todo un sector grande de comunicaciones que en ningún momento se van a reducir. Eso es una gran noticia”, declaró.
Sin embargo, aseguró que independientemente de lo que se decida en el congreso hay que recordar que este es un sector que avanza.
Radio pública
Constaín explicó que la financiación para la radio pública va a ser igual a la de televisión. Lo que sí va a haber si se aprueba o no la ley es una reorganización del sector. “Habían muchas peticiones de emisoras que estaban sin atender a lo largo del país, llevamos estos meses organizando el sector, ya empezamos a mostrar interés por atenderlo”.
Agregó que la radio comunitaria es muy importante: “La gente ya estaba desacostumbrada a nuevas emisoras porque hace un buen rato no se asignaban, aunque esto no viene con el proyecto de ley se está organizando el sector para asegurarnos de que estas radios que están en las comunidades estén formalizadas. En algunas ocasiones, esta es la única manera que tienen los habitantes de saber lo que está pasando en la región”.
Asignación del espectro
Según el Ministerio de las TIC, Colombia está atrasada en la asignación de espectro, que son las carreteras de información disponibles. “Es el octavo país de Latinoamérica en asignación. Está por detrás de Venezuela y concede los permisos de uso del espectro de menor duración, situación que se deriva en un rezago en la asignación y aprovechamiento de este recurso y dificulta la ampliación de la conectividad en el país (en especial en zonas rurales y de difícil acceso)”.
Hoy el espectro se concibe como una herramienta de maximización del recaudo financiero, es decir, a quien más pague dinero, más se le concede, y según la cartera este mecanismo ha afectado los procesos de asignación. ¿Qué propone el proyecto? Se plantea que esta herramienta tiene que ser asignada con un criterio de maximización del bienestar social.
“La asignación de permisos tendrá que realizarse mediante mecanismos de selección objetiva, previa convocatoria pública, para fomentar la inversión en infraestructura y maximizar el bienestar social (artículo 8 y 29)”.
De esta manera, el Ministerio indica que logrará conectar a todos los colombianos con un acceso democrático y equitativo, según esto, los más beneficiados van a ser los más vulnerables y las regiones rurales. La vigencia máxima hasta la cual podrán otorgarse los permisos para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones será hasta por 20 años (artículo 9).
Víctor Manuel Muñoz, alto consejero presidencial para la Transformación Digital, explicó: “Lo que vamos a hacer con la ley que se le dará más posibilidades de asignación del espectro a aquel que conecte más zonas que está en las áreas rurales, a aquellos que hoy no tienen conectividad y que lo hagan de una manera rápida”.