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La implacable labor de la Policía Nacional, a través de los patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, ha permitido contrarrestar las diferentes modalidades de hurto en el Leticia y el Amazonas.

Uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Estación de Policía Leticia, efectuaron la captura en flagrancia de tres sujetos, dos de ellos de 18 años de edad y uno de 19, oriundos de municipio de Leticia – Amazonas, quienes fueron procesados por los delitos de hurto y lesiones personales.

Gracias a la alianza entre los grupos de vigilancia privada y Policía Nacional, se logró interceptar a tres sujetos que se movilizaban en una motocicleta, la cual había sido hurtada a dos ciudadanos de forma violenta, ocasionándoles lesiones a fin de facilitársele a los delincuentes la comisión de estos hechos.

Los sujetos fueron trasladados a la estación para adelantar el procedimiento policial y posteriormente ser dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quienes determinaran la responsabilidad y su situación judicial por los hechos en los que fueron implicados.

El Comando del Departamento de Policía Amazonas, resalta el compromiso mancomunado con las empresas de seguridad privada por la seguridad de los entornos, labor que contribuye a la seguridad de los Leticianos e invita a continuar denunciando a la línea 123 los hechos que afecten la seguridad y convivencia ciudadana.

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El mayor hallazgo encontrado durante auditoria realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad fue por $39.319 millones, producto de ineficientes gestiones contractuales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militarespara la construcción del Puerto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina N° 31.

Esta es una obra que al quedar desfinanciada sin la posibilidad de obtener recursos para su terminación, no va a prestar ningún beneficio ya que no podrá ser utilizada.
Alegando incumplimiento del contrato, Ecopetrol demandó a la Agencia Logística de las FF.MM. y pretende que se le condene en cuantía de $32 mil millones.
Otro hallazgo se deriva de pagos injustificados por $2.601 millones, en la construcción del Batallón Especial, Energético y Vial BAEEV, ubicado en Puerto de Jordán (Arauca).

Bogotá, 20 de enero de 2022.- Como resultado de una auditoria de cumplimiento, la Contraloría General de la República encontró 2 presuntos hallazgos fiscales por $41.921 millones, por irregularidades en obras contratadas con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

El mayor hallazgo encontrado con presunta incidencia fiscal es por $39.319 millones, producto de ineficientes gestiones contractuales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en desarrollo del Convenio de Colaboración No. 12-060 MDN/ARC-ECOPETROL No. 12-060 (5211516) firmado con Ecopetrol, para la construcción del Puerto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina N° 31, obras que no se han ejecutado dentro de los plazos previstos, debido a debilidades en los estudios y diseños, incumplimiento de contratos y deficiencias de supervisión y control.

Las nuevas instalaciones no solamente presentan problemas en la fase de planeación, sino también en la ejecución de las obras, donde según lo manifestado en los estudios de Ecopetrol, se presentaron “malos procesos constructivos, incumplimiento de normas técnicas, desviación de la ingeniería de detalle, falta de funcionabilidad de las redes, etc”, que coinciden con los estudios de sismo resistencia contratados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que señalan el incumplimiento de la norma Sismo Resistencia NSR – 10 y estiman que el reforzamiento requería un presupuesto estimado de $7.963 millones.

En términos generales, frente a los incumplimientos y no terminación de las obligaciones del Contrato No. 001-289-2012 Unión Temporal Puesto Fluvial 31, Contrato No. 001-046-2017 Consorcio Obras Barrancabermeja y Contrato No. 001-286-2016 Consorcio PFA31 Barranca, entre otros, se considera que son recursos invertidos en una obra inconclusa y sin financiamiento para su terminación, lo cual se convierte en una pérdida para el Estado, por la no consecución de los fines de dicha contratación.

Ecopetrol invirtió $37.253.689.330 para la construcción y de otra parte la Agencia Logística de las Fuerzas Militares invirtió $2.005.310.182,00, para cubrir los gastos causados a consecuencia del incumplimiento de obligaciones contractuales y el abandono de las obras.

La Agencia Logística de las FF.MM. no cuenta con los recursos para garantizar la continuidad y terminación del proyecto, ni tampoco se observa diligencia que permita la conclusión de la obra, con el agravante que Ecopetrol no tiene la disposición de trasferir recursos adicionales para dejar en óptimas condiciones de habitabilidad y operatividad el Puesto Fluvial, De este modo, la obra al quedar desfinanciada no podrá terminarse, quedando condenada a su abandono

En este momento Ecopetrol ha interpuesto demanda ante el Tribunal 004 Administrativo Oral de Santander, en contra de la Agencia Logística de las FF.MM., en cuya pretensión solicita declarar el incumplimiento del contrato y condenar a esta entidad por daños materiales, en cuantía de $32.009 millones de pesos.

Otro hallazgo fiscal

De igual manera, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad estableció un presunto hallazgo fiscal por pagos injustificados en cuantía de $2.601 millones del Contrato No. 001-001-2015 para la construcción de Batallón Especial, Energético y Vial, BAEEV N° 16, ubicado en el municipio de Puerto Jordán (Arauca).

Como resultado de la evaluación e inspección de las obras de conducción de este Batallón, se evidencia incumplimiento de las funciones asignadas al supervisor, por cuanto se reconoció como desequilibrio económico del contrato un mayor valor respecto al costo del transporte por más de $1.486 millones, que se encontraba dentro de los riesgos económicos que debía asumir el contratista.

Y como segundo hecho generador de daño, se evidenció el pago del corte final de obra, en cuantía de más de $1.115 millones, a pesar de las recomendaciones de la interventoría de no pagar dicho monto.

El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional, efectúa acciones contundentes contra el hurto a equipos móviles en la capital amazonense.

El Departamento de Policía Amazonas, a través de unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, lograron la captura en flagrancia de un sujeto de 20 años de edad, natural del vecino país de Perú y residente en la Comunidad de Santa Rosa, por el delito de receptación tipificado en el artículo 447 del Código Penal Colombiano.

Los controles realizados por la patrulla del cuadrante, permitieron interceptar al extranjero, que después de intentar verificar el estado del equipo móvil que portaba en el momento, manifestó que no conocía la clave, negándose a la orden de policía; por tal motivo es transportado a las instalaciones de la Estación de Policía Leticia, con el fin de constatar el número de identificación IMEI (International Mobile Equipment Identity) del celular, sin percatarse que una ciudadana ya había interpuesto la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, dando aviso a los funcionarios de los diferentes cuadrantes en su momento.

Una vez se constató que el número de IMEI fue reportado como hurtado, los funcionarios del cuadrante, notifican al extranjero de su captura por el delito de receptación, dejándolo a disposición de la autoridad competente, con el acervo probatorio recolectado.

El Departamento de Policía Amazonas, invita a la comunidad en general a informar cualquier hecho delictivo o comportamiento contrario a la convivencia, a través de línea de emergencia 123 de la institución.

Con el objetivo de beneficiar a una de las comunidades más apartadas del departamento, el Grupo Aéreo del Amazonas de su Fuerza Aérea Colombiana brindó apoyo aéreo para transportar donaciones de ropa que serían posteriormente entregadas a niños y niñas del área no municipalizada La Pedrera.

En esta ocasión se dispuso una aeronave tipo Caravan C-208 para transportar las cajas que contenían más de 700 prendas de ropa como camisetas, vestidos, buzos, pantalonetas y blusas para menores entre uno y trece años de edad.

Cabe mencionar, que la donación fue realizada por Carolina Villegas, una colombiana que apadrina desde hace varios años a niños y niñas de las comunidades indígenas en el Amazonas, con quien la institución a través del Departamento de Acción Integral ha venido trabajando de manera conjunta.

Es así como su Fuerza Aérea Colombiana continuará poniendo a disposición sus capacidades aéreas, realizando alianzas estratégicas y actividades de Acción Integral en aras de beneficiar a la población que más lo necesita en el sur del país.

La Corte Constitucional tumbó el nuevo intento del Gobierno para retomar las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con el polémico herbicida glifosato, a la vez que reafirmó la necesidad de consulta previa en las comunidades afectadas.

En la decisión, tomada en noviembre, pero publicada ayer, la Corte reconoció “los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación, a la consulta previa y de acceso a la información de los demandantes”, ante la posible reanudación de esta técnica de erradicación de cultivos ilícitos, suspendida desde 2015.

La Policía Nacional había presentado un Plan de Manejo Ambiental (PMA) en el que se argumentaba que el terreno en el que se fumigaría con el químico no pertenecía a comunidades indígenas, justificando el retorno del glifosato y la no necesidad de consulta previa a las comunidades indígenas (un mecanismo inscrito en la Constitución).

Lo de no consultar a las comunidades también fue avalado por el Ministerio del Interior, quien certificó que en las áreas afectadas por el programa no había presencia de comunidades étnicas.

Y a su vez la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio luz verde al programa para volver a la aspersión aérea con glifosato.

Sin embargo, ahora el alto tribunal rechaza tanto el plan presentado por la Policía como la resolución de la cartera del Interior y de la autoridad ambiental.

“La ANLA no podía tomar una decisión acerca de la modificación del plan sin que antes se realizara consulta previa a todas las comunidades étnicas susceptibles de verse afectadas con la aspersión”, zanjó la corte.

En tanto, a la resolución del Ministerio del Interior, la corte llegó a “una conclusión diametralmente opuesta”, ya que existen “algunos resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras” dentro de los 104 municipios de 14 departamentos en los que se realizarían las aspersiones aéreas.

La Corte ordenó a la Policía, la ANLA y al Mininterior “adelantar un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas” sobre la fumigación en el plazo de un año.

La decisión confirma una sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño (10 de julio de 2020) y concede el amparo presentado por organizaciones y líderes sociales.

La Corte ya había ordenado suspender el uso aéreo del glifosato bajo el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medio ambiente, como alegó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

POR: BOGOTÁ - EFE - Diario Adn

Fuente consultada www.diarioadn.co

Tropas de la Armada de Colombia, en desarrollo de operaciones conjuntas y coordinadas en el departamento del Putumayo junto al Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, lograron la incautación de maquinaria utilizada para la extracción ilícita de yacimientos mineros y la captura de cinco personas, al parecer disidentes de las Farc y actualmente integrantes del Grupo Armado Organizado estructura primera “Carolina Ramírez” que delinque en esta región del país.

La operación fue realizada sobre el río Caquetá a la altura del sector conocido como Santa María, ubicado en el área general del municipio de Puerto Leguízamo - Putumayo, en donde fueron ubicados y destruidos tres artefactos flotantes tipo draga, compuestos por tres motores sin número de serie, 15 metros de manguera y tres tapetes, los cuales tenían la capacidad de extraer aproximadamente 375 gramos de oro al mes, equivalentes a 45 millones de pesos.

Además, se logró la captura en flagrancia de cinco sujetos que se encontraban realizando actividades de exploración y explotación ilícita de minerales, sin contar con las respectivas licencias ambientales para desarrollar este tipo de actividades, infringiendo así el artículo 159 de la ley 658 de 2001.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Sur, continuará adelantando en el marco de la Operación Artemisa acciones que permitan contrarrestar los delitos que atentan contra el medio ambiente, velando por la preservación de los recursos naturales y afectando las finanzas de los Grupos Armados Organizados en el sur del país.